La Corte Constitucional de Ecuador declaró que cuatro menores afrodescendientes detenidos por militares en 2024 fueron víctimas de desaparición forzada. La decisión judicial obliga al Estado a reconocer su responsabilidad y ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido.
El pronunciamiento se conoció el martes 10 de marzo de 2026. Además, el máximo tribunal constitucional dispuso varias medidas de reparación integral para las familias de los adolescentes.
El caso ocurrió en el sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. En ese lugar, patrullas militares detuvieron a cuatro menores y posteriormente los asesinaron.
Según la sentencia, las autoridades estatales vulneraron derechos fundamentales. Por lo tanto, el tribunal concluyó que el Estado incumplió su deber de protección y garantía.
Detención irregular de los menores
La Corte Constitucional de Ecuador analizó los hechos ocurridos la noche del 8 de diciembre de 2024. Ese día, patrullas militares detuvieron a cuatro menores cerca de un centro comercial en el sur de Guayaquil.
Los adolescentes fueron identificados como Ismael Arroyo, de 15 años; Josué Arroyo, de 14; Saúl Arboleda, de 15; y Steven Medina, de 11 años.
Después de la detención, los militares trasladaron a los menores hacia Taura. Esta localidad se ubica aproximadamente a 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea.
Las investigaciones determinaron que los soldados golpearon a los adolescentes y los sometieron a tortura. Además, los obligaron a desnudarse antes de abandonarlos en la zona.
Días después, equipos de búsqueda encontraron los restos calcinados de los menores en un área de manglar cercana. La autopsia confirmó impactos de bala en al menos tres de las víctimas.
Condenas contra militares involucrados
La Corte Constitucional de Ecuador emitió su decisión después de que la justicia penal procesara a varios militares por este crimen.
El 22 de diciembre, un tribunal penal declaró culpables a 16 de los 17 militares investigados. Como resultado, once soldados recibieron condenas de 34 años y ocho meses de prisión.
Otros cinco militares recibieron sentencias de treinta meses de cárcel, debido a que colaboraron con la investigación judicial.
Sin embargo, el tribunal absolvió a un teniente coronel acusado como cómplice.
Acción judicial de las familias
La Corte Constitucional de Ecuador revisó el caso tras una acción extraordinaria de protección presentada por los padres de los menores.
En diciembre de 2024, una jueza aceptó un hábeas corpus presentado por las familias. En esa decisión, la magistrada declaró que los niños fueron víctimas de desaparición forzada.
No obstante, el Gobierno apeló ese fallo. Posteriormente, un tribunal revocó esa resolución.
Ante esa decisión, los familiares acudieron al máximo tribunal constitucional para solicitar la revisión del caso.
Fallo señala vulneración del debido proceso
La Corte Constitucional de Ecuador concluyó que las autoridades judiciales vulneraron el derecho al debido proceso. Según la sentencia, los jueces no analizaron de manera integral los hechos denunciados.
Además, el tribunal determinó que patrullas militares privaron de libertad a los menores de forma ilegal, arbitraria e ilegítima.
Los magistrados también señalaron que el Estado no entregó información inmediata ni convincente sobre la detención ni sobre el paradero de los adolescentes.
El fallo recuerda que los derechos a la vida y a la integridad personal no pueden suspenderse, incluso durante estados de excepción.
Desde 2024, Ecuador mantiene estados de excepción en varias zonas del país. Este contexto se relaciona con la declaratoria de conflicto armado interno anunciada por el presidente Daniel Noboa.
Medidas de reparación ordenadas por la Corte
La Corte Constitucional de Ecuador dispuso varias medidas de reparación para las familias de las víctimas.
Entre ellas, ordenó que el comandante de la Fuerza Aérea ofrezca disculpas públicas en un plazo de dos meses. Además, el Ministerio de Educación deberá incorporar un espacio en el Museo de la Memoria para visibilizar este caso.
El tribunal también dispuso declarar el 8 de diciembre como un día de memoria para los menores asesinados. Asimismo, ordenó revisar protocolos institucionales y promover reformas legales para prevenir hechos similares.
Finalmente, el Ministerio de Defensa deberá indemnizar a los padres de cada uno de los menores afectados.
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