El oficialismo activa su campaña contra el máximo tribunal
Desde finales de julio, el Gobierno de Daniel Noboa, acompañado por sus funcionarios y legisladores aliados, ha dirigido un discurso agresivo hacia la Corte Constitucional. En redes sociales se anticipó que el tribunal rechazaría leyes impulsadas por el Ejecutivo, y días después, esas predicciones se cumplieron. La Sala de Admisiones aceptó varias demandas ciudadanas y suspendió temporalmente 17 artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública.
La reacción fue inmediata. El 4 de agosto, mediante una cadena nacional emitida al filo de la medianoche, la ministra de Gobierno y el presidente de la Asamblea criticaron a los jueces por, según ellos, oponerse a la lucha contra el crimen organizado. Esta narrativa fue reforzada por otras figuras del oficialismo, señalando que el tribunal responde a intereses ajenos al bienestar ciudadano.
Poderes enfrentados por la Corte Constitucional
La Corte Constitucional es el máximo organismo de justicia constitucional del país. Tiene competencias vitales: decidir sobre leyes, decretos, sentencias judiciales, referendos y hasta sobre la continuidad de un Presidente. Durante años ha sido blanco de los poderes políticos, que buscan controlar sus decisiones o condicionar su independencia. Esta tensión ya se vivió en el correísmo, y ahora se repite, con un nuevo gobierno que pretende presionar sus fallos.
Las acusaciones actuales contra el tribunal lo tildan de “garantista” o incluso de ser parte de una estrategia para tumbar al régimen. Sin embargo, su rol constitucional es precisamente el de garantizar los derechos y el cumplimiento del marco legal.
Referendo como estrategia de presión
El presidente Noboa anunció que convocará a una consulta popular para reformar las atribuciones de la Corte Constitucional. Una de las preguntas incluiría la posibilidad de enjuiciar políticamente a sus magistrados, lo cual no está permitido actualmente. Esta propuesta fue acompañada por el anuncio de una marcha hacia la sede del tribunal en Quito, prevista para el 12 de agosto. Según el mandatario, se busca “hacer sentir al pueblo”.
Desde su discurso en Daule hasta publicaciones en redes, Noboa ha vinculado el accionar del tribunal con la inseguridad, insinuando que sus decisiones favorecen al crimen. Esta estrategia busca legitimar la consulta como una acción patriótica y urgente.
Respaldo ciudadano al tribunal
Mientras el oficialismo se moviliza para influir en las decisiones de la Corte Constitucional, varios sectores sociales han manifestado su apoyo a la independencia judicial. La tarde del 7 de agosto, organizaciones marcharon en Quito para defender a los jueces y rechazar la presión del Ejecutivo. Además, aparecieron vallas que relacionan el aumento de muertes violentas con la suspensión de los artículos cuestionados de las leyes del Gobierno.
El mensaje de estas agrupaciones es claro: la Corte no debe ceder ante el poder de turno. La separación de poderes y la garantía de derechos son esenciales en cualquier democracia sólida, y un tribunal constitucional presionado pierde legitimidad.
Riesgos de una crisis institucional
El conflicto entre el Gobierno y la Corte Constitucional podría desembocar en una crisis de poderes. Mientras el Ejecutivo insiste en reformas y cuestionamientos, el tribunal ha mantenido una postura discreta, limitándose a recordar que no responde a presiones políticas. Sin embargo, el desgaste institucional y la narrativa del “enemigo del pueblo” lanzada desde el oficialismo podrían socavar el rol del tribunal y sentar un grave precedente.
Las decisiones judiciales deben ser revisadas con base en el derecho, no desde intereses políticos. La estabilidad democrática depende de que los poderes del Estado actúen con independencia y respeto mutuo, algo que hoy se ve comprometido.
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