En medio de las tensiones sociales que vive la provincia de Imbabura, el director provincial del movimiento correísta, Peter Ubidia, reconoció públicamente la participación activa de su organización en las protestas. En una conversación sostenida con la excandidata presidencial Luisa González, Ubidia detalló que cuentan con la presencia de jóvenes “camuflados” y en primera fila. Estos jóvenes han sido parte de la movilización social en el territorio.
Este reconocimiento ha generado un amplio debate político, ya que se confirma la intervención directa del movimiento de los correístas en las manifestaciones. Estas han paralizado varios sectores de la Sierra norte.
El rol de los jóvenes en las movilizaciones
Las declaraciones de Ubidia ponen en evidencia que las protestas no solo han contado con la participación espontánea de ciudadanos. También han sido organizadas con una estructura definida. El hecho de mencionar que los jóvenes del movimiento actúan de forma “camuflada” abre la discusión sobre la estrategia política detrás de las manifestaciones. Además, impacta en la percepción ciudadana sobre la legitimidad de las demandas sociales.
Pronunciamiento de la viceprefecta Paolina Vercoutere
A las palabras de Ubidia se sumaron las declaraciones de la viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutere, quien solicitó públicamente respaldo del partido. La funcionaria justificó esta necesidad al señalar que la Prefectura recibió cuentas en cero. Esto limita la capacidad de gestión y ha alimentado el descontento social.
Su declaración refuerza la idea de que los dirigentes correístas buscan legitimar las movilizaciones como una herramienta de presión política frente al Gobierno central.
Impacto político en la Sierra norte
La confirmación de la participación correísta en el paro de Imbabura fortalece las sospechas sobre la influencia de actores políticos en las protestas. Esta situación no solo tensiona la relación entre el oficialismo y la oposición. También genera incertidumbre en la población que demanda soluciones inmediatas a los problemas de empleo, seguridad y servicios básicos.
Además, las manifestaciones en Imbabura podrían ser vistas como un termómetro del nivel de organización y movilización que mantienen los correístas en varias provincias del país.
Riesgos y cuestionamientos
Si bien el derecho a la protesta es legítimo, la admisión de una estrategia organizada por un movimiento político plantea interrogantes. Específicamente, sobre los límites entre la manifestación ciudadana y el uso de la protesta como instrumento de confrontación política. Críticos advierten que este tipo de acciones podrían incrementar la polarización. También podrían retrasar la construcción de consensos necesarios para superar la crisis social y económica que atraviesa Ecuador.
Fuente: Ecuador Al Día 365 – X
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