Venta de uniformes oficiales: un riesgo para la seguridad
En Ecuador, acceder a uniformes de las fuerzas del orden resulta sorprendentemente fácil. Se venden tanto en tiendas físicas como por Internet. Pantalones camuflados y chaquetas similares a las utilizadas por la Policía o las Fuerzas Armadas se consiguen desde USD 48.
En zonas como el norte de Quito, vendedores ofrecen prendas supuestamente «en desuso», que pueden completarse con parches o escarapelas similares a los originales. Aunque no sean oficiales, el atuendo puede engañar fácilmente a quien no esté familiarizado con los modelos vigentes.
Uniformes disponibles sin verificación
En lugares como La Recoleta, cerca del Ministerio de Defensa, se comercializa indumentaria similar a la que usan policías y militares. Algunos negocios solicitan identificación para vender, pero otros no.
Por ejemplo, un uniforme pixelado de las Fuerzas Armadas cuesta USD 55. Incluso, por USD 100 y algo de discreción, se accede a una versión verde oliva vigente en ciertos destacamentos. Esta facilidad, en un país afectado por la inseguridad, representa una amenaza directa tanto para los ciudadanos como para los uniformados.
Uniformes usados para cometer delitos
En 2024, se registraron más de 1.200 delitos cometidos por personas vestidas como agentes del orden. Así lo informó Ramiro Vela, exasambleísta y proponente de un proyecto de ley que busca controlar la venta y uso de uniformes de las fuerzas de seguridad.
Entre los casos más graves está el ocurrido en octubre de ese año, cuando falsos militares simularon un operativo en Durán y asesinaron a cinco personas. En junio de 2025, un líder criminal escapó disfrazado con ropa militar. En muchos casos, los ciudadanos no distinguen si quienes ejecutan los operativos son policías reales o miembros de bandas.
Asamblea propone regular los uniformes oficiales
La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional discute una ley que apunta a la homologación de uniformes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agentes de tránsito y otros cuerpos de seguridad.
El objetivo es unificar colores y modelos, pero también establecer medidas de trazabilidad. La propuesta incluye numerar los uniformes y colocarles un código QR visible que permita verificar la identidad del funcionario al escanearlo con un celular.
Tecnología y regulación para mayor control
Además de los QR, se plantea incluir cámaras corporales (bodycam) en los uniformes, especialmente en policías y agentes de tránsito. Esto permitiría rastrear el uso de las prendas y prevenir su mal uso.
Para aplicar estas medidas, las empresas proveedoras deberán ajustarse a estándares definidos por los ministerios del Interior y Defensa, lo que requerirá una regulación más estricta del sector textil especializado.
Endurecimiento de sanciones por uso indebido
Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con hasta 30 días de cárcel a quien utilice públicamente uniformes oficiales sin autorización. Sin embargo, Vela señaló que esta norma casi nunca se aplica.
Por ello, propone ampliar la pena a 90 días y considerarla agravante si se utiliza para delinquir. Además, una reciente reforma aprobada dentro de la Ley de Solidaridad establece entre uno y tres años de prisión para quienes cometan delitos vestidos como agentes estatales.
En las próximas semanas, la Asamblea llamará a la Fiscalía y a los ministros de Interior y Defensa para aportar más información sobre el uso indebido de uniformes.
Fuente: PRIMICIAS
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