El acceso público a los contratos que el Estado ecuatoriano firmó con las operadoras de telefonía móvil Conecel (Claro) y Otecel (Millicom-Tigo) continúa limitado por filtros de control. También hay cláusulas de confidencialidad. Más de dos meses después de la firma de estos acuerdos, aún se desconocen detalles clave sobre montos, obligaciones, inversiones y condiciones técnicas. Esto ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en un sector estratégico para el país.
Contratos firmados, pero sin acceso público
El 30 de octubre de 2025, el Gobierno ecuatoriano anunció la renovación de los títulos habilitantes del Servicio Móvil Avanzado (SMA) a favor de Conecel y Otecel. Esto extendió sus concesiones hasta el año 2038. Posteriormente, en noviembre, se firmaron también los contratos relacionados con la concesión de la red 5G.
Aunque el Ejecutivo informó que estos acuerdos representarían ingresos aproximados de USD 1.550 millones para el Estado, hasta la fecha no se han hecho públicos los documentos contractuales completos. Esto impide conocer con precisión los compromisos asumidos por las empresas y las contraprestaciones exigidas por el Estado.
Solicitudes de información amparadas en la LOTAIP
El pasado 12 de diciembre de 2025, el diario EXPRESO solicitó formalmente a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) —amparado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)— copias de los contratos de renovación de concesiones. También se solicitó acceso a los acuerdos vinculados a la red 5G.
La petición incluía tanto los contratos firmados con Conecel y Otecel el 30 de octubre de 2025, como aquellos suscritos en noviembre del mismo año. Sin embargo, la respuesta oficial llegó recién el 8 de enero de 2026 y no incluyó la documentación solicitada.
La confidencialidad como principal argumento
En un oficio firmado por Jorge Roberto Hoyos, director ejecutivo de Arcotel, la entidad señaló que los contratos del Servicio Móvil Avanzado contienen información legalmente clasificada como confidencial. Según el organismo, estos documentos incluyen aspectos estratégicos, técnicos y comerciales cuya difusión irrestricta podría afectar la seguridad del sector. Además, podría perjudicar la competencia en el mercado de telecomunicaciones.
Arcotel argumenta que, antes de entregar cualquier información, es necesario aplicar filtros de control. Esto es para diferenciar qué partes del contrato pueden ser públicas y cuáles deben mantenerse bajo reserva.
H3: Intervención del delegado de Protección de Datos
Como parte de este proceso, la Arcotel informó que se encuentra a la espera de un informe del Delegado de Protección de Datos de la institución. Este funcionario deberá determinar con precisión los componentes de los contratos que gozan de confidencialidad frente a aquellos que, por su naturaleza, pueden ser de acceso público.
La entidad aseguró que, una vez emitido dicho informe, se elaborarán “versiones públicas” de los contratos. No obstante, no se estableció un plazo concreto para la entrega de estos documentos, lo que prolonga la falta de información.
Información parcial disponible
Hasta el momento, la Arcotel solo ha publicado en su página web las resoluciones 0243 y 0244. En estas se recomienda la firma de los contratos de renovación de concesiones. Sin embargo, estos documentos no detallan aspectos fundamentales como el proceso de asignación de bandas de frecuencia. Tampoco especifican los valores que deben pagar las operadoras por el uso del espectro radioeléctrico. Además, no aclaran los compromisos de inversión en infraestructura y conectividad.
Esta falta de datos resulta especialmente relevante considerando que uno de los objetivos declarados de las renovaciones es la expansión de la cobertura. Esto incluye zonas rurales y apartadas del país.
Lo que exige la ley de transparencia
El artículo 7 de la LOTAIP establece que cualquier persona puede solicitar acceso a información pública sin necesidad de justificar las razones de su pedido. Además, la norma fija un plazo de diez días para que las entidades públicas respondan, con la posibilidad de una prórroga adicional de cinco días.
En este caso, el tiempo transcurrido desde la solicitud y la respuesta sin entrega de documentos vuelve a poner en debate los límites entre la confidencialidad contractual y el derecho ciudadano. Es crucial conocer cómo se administran los recursos y concesiones del Estado.
Un debate abierto sobre transparencia
La falta de acceso a los contratos con Claro y Tigo ha reavivado el debate sobre la transparencia en la gestión de sectores estratégicos. Mientras las autoridades defienden la reserva de cierta información por razones técnicas y comerciales, expertos y sectores ciudadanos insisten en que los elementos esenciales deben ser públicos. Montos, plazos, obligaciones e inversiones deben ser públicos para garantizar el control social y la rendición de cuentas.
Hasta que no se publiquen las versiones públicas anunciadas por Arcotel, los contratos de telecomunicaciones seguirán siendo un tema pendiente en la agenda de transparencia del país.
Fuente: Diario Expreso
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