La contratación pública en Ecuador es fundamental para el funcionamiento del Estado. Desde la recolección de basura hasta la compra de medicamentos, todas las instituciones públicas dependen de este sistema.
En 2024, el Estado gastó USD 8.000 millones en contratación pública. Este dinero se destinó a obras, bienes, servicios y consultorías. Sin embargo, entre el 10% y el 30% de esos recursos se pierden por corrupción.
El Sercop y el sistema tecnológico
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) dirige este sistema desde 2008. Su plataforma tecnológica centraliza la mayoría de procesos contractuales.
Pese a su importancia, ni el sistema ni la ley han evolucionado al ritmo del país. Esto ha generado ineficiencia y descontrol, abriendo la puerta a irregularidades graves.
¿Qué compran las instituciones?
La contratación pública en Ecuador abarca todos los niveles: ministerios, municipios, hospitales, escuelas. Cada entidad requiere servicios básicos como papelería, equipos médicos, seguridad, o mantenimiento de instalaciones.
En 2024, los principales gastos fueron en servicios (USD 3.000 millones), bienes (USD 2.700 millones) y obras (USD 1.700 millones). También se contrataron seguros, consultorías y medicamentos.
Un foco permanente de corrupción
Durante años, este sistema ha sido blanco de corrupción. Se han detectado sobreprecios, direccionamientos, sobornos y contratos con bienes defectuosos o incompletos.
Incluso en emergencias, se han realizado compras con irregularidades graves. No existe un mecanismo manual que controle tantos procesos al mismo tiempo. Esto facilita que funcionarios o proveedores actúen sin control.
¿Qué propone el Gobierno?
El presidente Daniel Noboa propone una reforma urgente al sistema. El objetivo es simplificar procesos y eliminar categorías innecesarias que favorecen la corrupción.
El nuevo proyecto busca reducir los tipos de contratación. Se mantendrían solo mecanismos básicos como licitación y subasta inversa. También se eliminaría la clasificación entre bienes normalizados y no normalizados.
En consultorías, quedarían únicamente dos formas de contratación: por ínfima cuantía o por concurso público. Así se espera evitar contratos dirigidos.
La reforma a la contratación pública en Ecuador apunta a que cada entidad pueda contratar con mejor criterio y transparencia, buscando el mayor valor por el dinero invertido.
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