La Contraloría General del Estado aprobó el 14 de julio de 2025 el informe de auditoría al contrato suscrito entre CELEC-EP y la empresa Austral Technical Management (ATM). Este contrato fue adjudicado en medio de la declaratoria de emergencia eléctrica de 2024. El contrato contemplaba la adquisición, instalación, puesta en marcha y asistencia en operación de generadores termoeléctricos terrestres (90-150 MW) en Esmeraldas. Fue auditado desde el 16 de diciembre de 2024 debido a cuestionamientos sobre su ejecución.
Sanciones administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal
El contralor Mauricio Torres informó que el informe arroja “sanciones administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal”. En declaraciones a Teleamazonas, señaló que el país sospechaba de irregularidades. Efectivamente, se detectaron “algunos perjuicios para el Estado”, confirmando que los equipos adquiridos no eran nuevos, como se establecía en el contrato. Eran aproximadamente de 2016 y ya habían sido utilizados previamente.
ATM recibió el 80% del contrato pese a irregularidades
Hasta junio de 2025, Austral Technical Management había recibido USD 71,4 millones de los USD 89 millones pactados en el contrato con CELEC para instalar la planta en Esmeraldas. Esto es equivalente al 80% del valor total, según registros de transferencias y pagos realizados a los contratistas. Esta situación ha generado críticas debido a que las centrales eléctricas no han logrado operar con normalidad. Aún presentan retrasos en su entrega, pese a los millonarios desembolsos.
Antecedentes de la contratación durante la emergencia eléctrica
La adjudicación del contrato a ATM se dio en el contexto de la emergencia eléctrica declarada por el gobierno en 2024. Fue un intento por solventar el déficit energético y evitar prolongados apagones en el país. La urgencia del proceso llevó a la contratación bajo condiciones emergentes. Sin embargo, según el informe de la Contraloría, no se cumplieron adecuadamente. Se adquirieron equipos usados a un precio de mercado correspondiente a equipos nuevos.
Conclusión: se confirman perjuicios y falta de control en contratos emergentes
La aprobación del informe de auditoría de la Contraloría evidencia la falta de control riguroso en contratos emergentes en el sector eléctrico. Confirma que se han producido perjuicios para el Estado al pagar precios de equipos nuevos por maquinaria usada. También por permitir pagos millonarios sin la debida verificación de condiciones contractuales. Este caso se suma a las investigaciones en curso sobre otros contratos de CELEC. Refuerza la necesidad de transparencia y control en las contrataciones públicas en situaciones de emergencia.
Fuente: Primicias
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