La Contraloría General del Estado ha iniciado un examen especial sobre la declaración juramentada de Andrés Guschmer, ministro del Deporte. Este examen, solicitado por el propio Guschmer, tiene como objetivo determinar si cumple con los requisitos para ocupar su cargo, considerando su condición de accionista en un canal de televisión.
Una verificación preliminar realizada por la Contraloría encontró motivos suficientes para iniciar este examen especial. Guschmer, reconocido periodista deportivo y empresario, ha sido objeto de críticas debido a su participación accionaria en Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., empresas que mantienen contratos con la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones por las frecuencias de televisión.
La postura de Andrés Guschmer
En entrevistas anteriores, Guschmer ha defendido su situación accionaria, afirmando que las acciones forman parte de un paquete accionario de empleados. Estas acciones de manera intencionada para obtener influencia en las decisiones empresariales.
Sin embargo, la Constitución prohíbe el ejercicio de funciones públicas a aquellos que sean propietarios o miembros del directorio de personas jurídicas privadas que tengan contratos con el Estado. El examen de la Contraloría buscará determinar si la condición de accionista de Guschmer constituye un impedimento para ocupar el cargo de ministro del Deporte.
Precedentes y decisiones anteriores de Andrés Guschmer
Este caso no es único. En febrero de este año, la Contraloría General del Estado determinó que Sebastián Corral, ex secretario de Guillermo Lasso, no debió ser designado ni posesionado como funcionario público debido a su condición de accionista en empresas con contratos estatales similares. Corral fue multado y se le suspendieron los derechos de participación.
Ahora, la atención está puesta en el veredicto de la Contraloría respecto a la situación de Guschmer. Su examen especial será fundamental para determinar si continúa en su cargo como ministro del Deporte. A la vez que se verá obligado a tomar medidas correctivas debido a posibles conflictos de interés.
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