La desigualdad social es uno de los rasgos más persistentes y profundos del sistema económico contemporáneo. Más que una simple diferencia entre personas, se trata de una distribución desigual de recursos, poder y oportunidades que configura jerarquías duraderas. El artículo “Contra el imperio de los más ricos y las desigualdades”, de Fabrizio Lorusso, retoma este debate a partir del más reciente informe de Oxfam, que advierte sobre el auge sin precedentes de la riqueza extrema y su impacto en la democracia.

Desigualdad como violencia estructural
Una definición funcional de desigualdad es la “distribución impar de recursos entre personas y grupos de la sociedad”. No se refiere a diferencias naturales entre individuos, sino a un fenómeno social y político producido por decisiones, sistemas e instituciones.
Estas desigualdades se manifiestan en brechas de clase, género, etnia, territorio y poder. Se entrelazan con fenómenos como la pobreza, el racismo, el patriarcado y el colonialismo, configurando formas de violencia estructural que se normalizan con el tiempo. Las élites consolidan así privilegios históricos mediante mecanismos económicos, culturales y simbólicos que presentan el orden vigente como natural o inevitable.
El mito de la meritocracia y la concentración del poder
Uno de los discursos que legitiman este orden es el de la meritocracia. Bajo la idea de que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo individual, se ocultan las barreras estructurales que impiden a amplios sectores acceder a la riqueza y a la toma de decisiones.
La desigualdad no solo implica ingresos desiguales, sino también una concentración del poder político y de influencia. Las élites económicas influyen —legal o ilegalmente— en la definición de reglas fiscales, regulatorias y democráticas. Sin presión social, difícilmente renuncian a sus privilegios estructurales.
El auge de los milmillonarios y la erosión democrática
El informe de Oxfam, titulado “Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”, subraya que desde noviembre de 2024 la fortuna conjunta de los milmillonarios ha crecido tres veces más rápido que el promedio anual de los cinco años anteriores.
Por primera vez en la historia, el número de milmillonarios superó los 3 mil. En octubre de 2025, Elon Musk acumuló más de 500 mil millones de dólares, una cifra que simboliza el nivel extremo de concentración de riqueza.
Este fenómeno ocurre mientras el 25% de la población mundial enfrenta hambre o inseguridad alimentaria. La reducción global de la pobreza se ha estancado e incluso ha aumentado en regiones como África. La brecha entre el 1% más rico y el resto de la población refuerza la idea, popularizada por el movimiento Occupy Wall Street, de que “somos el 99%”.
Desigualdad, extrema derecha y control digital
Altos niveles de desigualdad están asociados con mayor erosión democrática. En América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo, el fenómeno se vincula con el ascenso de fuerzas políticas autoritarias.
Oxfam advierte que los milmillonarios tienen 4,000 veces más probabilidades de ocupar cargos políticos que una persona promedio. Además, financian campañas y ejercen presión mediante el lobby. En 2024, una de cada seis donaciones políticas en Estados Unidos provino de unas cien familias milmillonarias.
El control de plataformas digitales por parte de grandes fortunas también amplifica su influencia. Redes sociales y herramientas de inteligencia artificial pueden moldear la opinión pública, difundir discursos de odio o silenciar voces críticas, debilitando el debate democrático.
Propuestas para revertir el “imperio” de los más ricos
Ante este panorama, Oxfam plantea tres ejes principales:
- Reducir la desigualdad económica mediante planes nacionales y la creación de un Panel Internacional sobre Desigualdad.
- Frenar el poder de los superricos con impuestos efectivos a las grandes fortunas, regulación del lobby y límites al financiamiento privado de campañas.
- Fortalecer el poder de la mayoría protegiendo el espacio cívico, promoviendo la organización sindical y garantizando la participación de grupos históricamente excluidos.
En México, el debate sobre una reforma fiscal progresiva permanece estancado. Sin embargo, un pacto redistributivo que fortalezca un estado de bienestar universal sigue siendo una demanda histórica de amplios sectores sociales.
La discusión sobre desigualdad no es solo económica: es profundamente democrática. En juego está la posibilidad de que las decisiones colectivas respondan al bien común y no a los intereses de una minoría cada vez más poderosa.
Fuente: Fabrizio Lorusso
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