Cuando los ecuatorianos votaron en la consulta popular y referéndum de abril de 2024, el debate se centró en las preguntas sobre seguridad, justicia y economía. Este proceso electoral incluyó la consulta popular Ecuador, que fue organizada ni más ni menos que por una estructura estatal compleja, regulada por normas precisas y sustentada en un presupuesto de más de 60 millones de dólares.
Revisión constitucional: primer filtro legal
Todo proceso de consulta popular inicia con la revisión de la Corte Constitucional, que determina si las preguntas cumplen con los principios de legalidad. La Corte no evalúa la conveniencia política, sino la claridad, legalidad y pertinencia constitucional del contenido. Verifica que no se vulneren derechos, que las preguntas no induzcan una respuesta específica y que el mecanismo de consulta sea adecuado para el tipo de reforma propuesta.
El Consejo Nacional Electoral y el cronograma
Con el dictamen favorable de la Corte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 15 días para emitir la convocatoria oficial. A partir de entonces, dispone de un plazo de 60 días para organizar por completo el proceso electoral en todo el país.
Presupuesto electoral: desglose de los 60 millones
El presupuesto aprobado para el proceso de 2024 fue de $60,022,933. Las partidas se distribuyeron así:
- Logística y Talento Humano: $30,2 millones para remuneraciones de MJRV, coordinadores provinciales y técnicos.
- Seguridad: $12,4 millones para Fuerzas Armadas y Policía Nacional, destinados a la custodia de material y recintos.
- Impresión de papeletas: $8,8 millones para la producción de documentos electorales con altos estándares de seguridad.
- Voto en el exterior y tecnología: $7,4 millones para plataformas tecnológicas y organización del sufragio en el extranjero.
Contrataciones estratégicas y régimen especial
La ejecución del presupuesto se realizó mediante contrataciones regidas por la Ley de Contratación Pública. Debido a los plazos ajustados, muchas se gestionaron bajo régimen especial.
Instituto Geográfico Militar: impresión de papeletas
La impresión de documentos electorales fue asignada directamente al Instituto Geográfico Militar (IGM). Esta entidad garantiza la integridad y seguridad del material sensible mediante tecnología especializada y protocolos de confidencialidad.
Logística de ensamblaje electoral
Empresas privadas fueron contratadas para armar los paquetes electorales. Estos incluyen papeletas, urnas, biombos, actas de escrutinio, sellos oficiales y demás insumos. Su correcta preparación es esencial para la operatividad del proceso.
Monitoreo de medios y control del gasto electoral
Aunque la consulta no promueva candidatos, el Código de la Democracia obliga al CNE a supervisar la propaganda y los gastos. Para ello se contrató un sistema de monitoreo de medios que controla la equidad en la difusión de mensajes en prensa, radio, televisión, vallas y plataformas digitales.
Además, las organizaciones que promovieron el «Sí» y el «No» deben rendir cuentas de sus gastos de campaña. Este control busca evitar que el poder económico influya de forma desproporcionada en el debate público.
Coordinación interinstitucional y funciones diferenciadas
El proceso involucra a varias instituciones: Corte Constitucional, CNE, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, IGM y empresas privadas. Cada una tiene responsabilidades definidas, con cronogramas y protocolos que deben cumplirse rigurosamente.
Un proceso complejo al servicio de la democracia
La consulta popular va más allá del acto de votar. Representa un ejercicio institucional estructurado, con múltiples actores y recursos comprometidos. Su objetivo es garantizar que la voluntad ciudadana se exprese con transparencia y legitimidad.
En definitiva, la democracia participativa implica una inversión significativa en logística, tecnología y control institucional. Este costo es necesario para que el voto ciudadano se ejerza de forma informada, segura y equitativa.
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