El presidente Daniel Noboa ha planteado una nueva consulta popular en Ecuador que, de concretarse, se llevaría a cabo en diciembre de 2025. Esta iniciativa surge como una respuesta a distintas coyunturas políticas que se han venido acumulando desde septiembre del año pasado. A través de esta consulta y referendo, el Gobierno busca someter a votación ciudadana una serie de propuestas que abarcan desde la eliminación de entidades hasta la reforma de aspectos clave del sistema político y económico.
Entre las propuestas destacan temas como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el retorno de los casinos a hoteles de cinco estrellas, y la reducción del número de asambleístas. También se incluyen medidas más controversiales, como permitir la instalación de bases militares extranjeras o modificar el modelo laboral en sectores específicos.
Consulta popular en Ecuador: una herramienta que genera escepticismo
El mandatario ha justificado esta acción afirmando que busca “enterrar el pasado y abrazar un futuro de paz y desarrollo”. No obstante, esta narrativa es cuestionada por diversos expertos. Según Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la consulta popular en Ecuador históricamente no ha resuelto los problemas estructurales del país. En cambio, se ha utilizado como una herramienta para consolidar la popularidad presidencial de turno.
Alarcón señala que desde 1978 las consultas no han dado respuestas reales a las demandas ciudadanas. Muchas veces, incluso cuando las preguntas son aprobadas, su ejecución queda en el limbo. Un ejemplo reciente fue la consulta de 2023 sobre la explotación petrolera en el Yasuní ITT, donde el Gobierno no ha cumplido el mandato ciudadano.
Las propuestas de la consulta: ¿prioridades ciudadanas o intereses del poder?
Entre los siete puntos clave propuestos por el Ejecutivo, algunos generan mayor controversia que otros:
- Instalación de bases militares extranjeras.
- Financiamiento de las organizaciones políticas.
- Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana.
- Reducción del número de asambleístas.
- Contratación por horas en el sector turístico.
- Enjuiciamiento político de jueces de la Corte Constitucional.
- Retorno de casinos en hoteles cinco estrellas.
Aunque algunos de estos temas son relevantes, los expertos insisten en que no están directamente vinculados a los problemas cotidianos de los ciudadanos. La crisis económica, la inseguridad y el desempleo no encuentran una solución directa en ninguna de las preguntas propuestas.
Diagnóstico débil y propuestas sin respaldo técnico
Karen Sichel, analista política y exsubsecretaria de Asuntos Regulatorios, también considera que la consulta popular en Ecuador adolece de un sustento técnico real. Si bien reconoce que ciertos temas podrían ser relevantes, como la reforma del CPCCS o la reducción del número de legisladores, lamenta que el Gobierno no haya elaborado un diagnóstico profundo ni presentado alternativas viables.
Según Sichel, el contenido de los anexos carece de profundidad, y muchas de las propuestas replican errores pasados. Advierte que se trata más de un experimento político que de una política pública efectiva.
Narrativas políticas frente a una realidad compleja
Tanto Sichel como Alarcón coinciden en que la consulta popular en Ecuador responde más a una estrategia de comunicación que a una intención de resolver problemas estructurales. La narrativa oficial busca conectar todas las preguntas con la inseguridad y el crimen organizado, pero esto no se traduce en mejoras palpables para la ciudadanía.
La pregunta que subyace es si esta consulta es una solución participativa o simplemente una herramienta política para legitimar el plan de gobierno. El escepticismo crece entre los analistas, quienes advierten que, si no se replantea, esta consulta podría terminar profundizando la desconfianza ciudadana.
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