El Consejo de la Judicatura destituyó a David Jacho, juez de la Corte Nacional, tras investigaciones por presunto acoso sexual. La decisión se tomó por unanimidad el 7 de noviembre de 2025, poniendo fin a un proceso que mantuvo suspendido al magistrado durante varios meses.
Denuncia de acoso sexual provocó investigación judicial
La exasistente del juez presentó una denuncia formal en julio de 2025, señalando que renunció a su cargo debido al acoso sexual del magistrado. El documento llegó al Consejo de la Judicatura, entidad encargada de supervisar la conducta de jueces y fiscales en Ecuador. Por tanto, la institución inició una investigación exhaustiva del caso.
Inicialmente, el Consejo de la Judicatura suspendió a Jacho por tres meses sin sueldo. Sin embargo, el magistrado retomó funciones a finales de octubre debido a que la entidad no había tomado una decisión definitiva sobre su situación laboral.
Votación unánime del Pleno del Consejo de la Judicatura
Durante la sesión del viernes, los vocales Mario Godoy, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Magaly Ruiz votaron a favor de la destitución. El vocal Fabián Fabara no estuvo presente en la reunión. Asimismo, la vocal Ruiz recomendó enviar el expediente a Fiscalía para continuar con las investigaciones penales correspondientes.
Cabe mencionar que, en un principio, se conoció que la denunciante retractó su acusación ante el Ministerio Público. No obstante, el Consejo de la Judicatura mantuvo su investigación administrativa hasta concluir con la destitución del magistrado.
Implicaciones del caso de acoso sexual en la Corte Nacional
Este caso evidencia la importancia de los mecanismos de control dentro del sistema judicial ecuatoriano. Además, refuerza la necesidad de proteger a quienes denuncian situaciones de acoso en instituciones públicas, garantizando procesos transparentes y justos.
La destitución de David Jacho marca un precedente significativo en la lucha contra el acoso sexual en entidades estatales. Por ende, el expediente ahora está en manos de la Fiscalía para determinar si existen responsabilidades penales que deban ser investigadas y sancionadas conforme a la ley.
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