El Congreso ecuatoriano ha tomado una decisión contundente al rechazar el pedido del máximo tribunal de Justicia para levantar el fuero de la vicepresidenta Verónica Abad, quien enfrenta acusaciones de corrupción. Esta determinación ha desatado fuertes críticas y acusaciones de un “sucio pacto político” por parte del Gobierno de Daniel Noboa.
Rechazo del pedido de enjuiciamiento
El viernes 14 de junio de 2024, la Asamblea Nacional de Ecuador negó el levantamiento del fuero a Verónica Abad, lo que implica que continuará protegida legalmente mientras ejerza su cargo como vicepresidenta. Este paso obstaculiza los intentos de la Fiscalía para procesarla penalmente en relación con el Caso Nene, una investigación donde se le acusa de concusión.
Detalles del Caso Nene
La Fiscalía ha vinculado a Verónica Abad con una presunta trama de corrupción en la cual se habría solicitado dinero a cambio de favores en la Vicepresidencia. Según los informes, Abad y su hijo Sebastián Barreiro habrían exigido pagos mensuales a cambio de la promesa de un empleo. Este delito, conocido como concusión, no prescribe y podría llevar a futuros procesos judiciales contra la vicepresidenta.
Implicaciones políticas y legales
A pesar de la controversia y las acusaciones en su contra, Verónica Abad no podrá ser destituida de su cargo por el presidente Noboa, debido a las limitaciones legales que protegen a los funcionarios electos. Esta situación ha exacerbado las tensiones entre Abad y Noboa, quien la designó como embajadora en Israel en un aparente intento por distanciarla del poder ejecutivo.
Denuncia de un “sucio pacto político”
El Ministerio de Gobierno de Ecuador ha condenado la decisión de la Asamblea Nacional como evidencia de un “sucio pacto político” entre los partidos de oposición, incluyendo al Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana liderada por el expresidente Rafael Correa, y Construye, un grupo político independiente. Según el comunicado oficial, esta coalición habría obstruido el curso de la justicia al no apoyar el enjuiciamiento de Abad, a pesar de las pruebas presentadas en su contra.
La negativa del Congreso ecuatoriano de enjuiciar a Verónica Abad deja en evidencia las complejas dinámicas políticas y legales que enfrenta el país. Mientras tanto, la situación podría continuar generando tensiones y debate público en los próximos meses, especialmente de cara a las elecciones generales de 2025, cuando está previsto que Abad deje su cargo como vicepresidenta.
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