La Confeniae declaró estado de emergencia en la Amazonía tras una resolución adoptada el 17 de septiembre de 2025 durante un Consejo Ampliado. La organización indígena rechazó el Decreto 126 y el incremento en el precio del diésel, considerando que estas medidas afectan directamente a los pueblos y nacionalidades amazónicas.
Rechazo a las medidas del Gobierno de Noboa
El pronunciamiento oficial, firmado por el presidente José Esach Puenchir, subraya la prohibición estricta del ingreso de la Fuerza Pública a las comunidades amazónicas. Asimismo, la resolución dispone que todas las organizaciones afiliadas se unan a la Asamblea Extraordinaria convocada por la Conaie, prevista para el 18 de septiembre en Riobamba.
Durante esa reunión, los líderes indígenas definirán de manera colectiva las acciones frente a la eliminación del subsidio al diésel y la crisis económica. Según la Confeniae, esta situación golpea con mayor intensidad a los sectores más vulnerables y profundiza las desigualdades sociales existentes.
Movilización indefinida en la Amazonía
La Confeniae declaró estado de emergencia en la Amazonía y acompañó su decisión con un llamado a una movilización permanente y progresiva desde los territorios de las nacionalidades. Esta postura se mantendrá hasta obtener respuestas claras del Gobierno, lo que evidencia la determinación de la organización para proteger los derechos de sus comunidades.
José Esach Puenchir recordó que la Confeniae apoyó inicialmente al presidente Daniel Noboa durante la campaña electoral. Sin embargo, enfatizó que las decisiones adoptadas por la actual administración “obligan a cambiar de postura”, marcando un giro importante en la relación entre el movimiento indígena amazónico y el Ejecutivo.
Implicaciones políticas y sociales del estado de emergencia
La declaración de emergencia refleja un descontento creciente frente a las políticas económicas vigentes. Para las comunidades amazónicas, la eliminación del subsidio al diésel encarece el transporte, la producción agrícola y la vida cotidiana en territorios apartados.
En consecuencia, el estado de emergencia y la movilización indefinida incrementan la presión hacia el Gobierno. Así, la administración de Noboa enfrenta un escenario de tensión social y política que podría generar repercusiones a nivel nacional.
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