Postulaciones en marcha con calendario definido
El concurso para designar al nuevo Fiscal General continúa bajo la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El proceso se encuentra actualmente en la etapa de postulación: los interesados pueden presentar sus candidaturas desde el 18 de febrero y el plazo finalizará el 3 de marzo de 2026.
Según informó el organismo el 13 de febrero, la selección estará a cargo de una comisión ciudadana integrada por 10 miembros. Sin embargo, la conformación de ese equipo es precisamente uno de los principales focos de cuestionamiento.
Observaciones sobre concurso para fiscal
La Comisión Cívica de Seguimiento concluyó que seis de los diez comisionados principales no debieron ser admitidos. Además, advirtió que de los 30 postulantes ciudadanos que participaron en el sorteo, 14 no cumplían requisitos o estaban incursos en prohibiciones.
A estos señalamientos se sumaron críticas desde la propia veeduría auspiciada por el CPCCS. Su coordinador, Hugo Arteaga, alertó sobre limitaciones en el trabajo de los observadores, aplicación tardía de normas, recepción extemporánea de documentos y supuestas alteraciones de resultados entre sesiones.
También se cuestionó que la presidencia de la comisión esté en manos de una integrante que obtuvo 17,5 puntos sobre 50 en la calificación de méritos, una de las notas más bajas entre los postulantes.
Fiscalización legislativa sin avances concretos en concurso para fiscal
En la Asamblea Nacional se abrieron dos frentes para revisar el proceso. Uno de ellos quedó sin efecto tras la negativa del Consejo de Administración Legislativa de dar paso a un juicio político contra cinco vocales del CPCCS.
El segundo frente se trasladó a la Comisión de Transparencia, controlada por la bancada oficialista. El 27 de enero se aprobó iniciar una investigación para garantizar transparencia y control democrático, pero desde entonces no se han registrado avances significativos.
Legisladores de oposición sostienen que no existe voluntad política para profundizar la fiscalización. Desde el oficialismo, en cambio, se argumenta que la Asamblea no tiene competencia directa en el concurso y que su rol se limita a alertar posibles irregularidades.
Mayoría oficialista condiciona el control político
La bancada de Gobierno mantiene mayoría tanto en el Pleno como en comisiones estratégicas, lo que condiciona cualquier intento de impulsar investigaciones o procesos de control político.
Mientras tanto, el concurso avanza con un calendario definido y bajo la supervisión de una comisión cuya integración sigue generando dudas. El desenlace del proceso marcará un punto clave para el sistema de justicia, en medio de un escenario político donde la fiscalización legislativa depende, en gran medida, de la correlación de fuerzas.
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