El concurso para designar al Fiscal General del Estado, correspondiente al período 2025-2031, permanece estancado a pesar de haber iniciado en octubre de 2024. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), responsable del proceso, enfrenta obstáculos logísticos e institucionales. Mientras tanto, la actual autoridad de la Fiscalía, Wilson Toainga, continúa en funciones prorrogadas desde abril de 2025.
El retraso en el avance del concurso ha generado preocupación entre actores de la sociedad civil. Ellos cuestionan la falta de compromiso de las entidades del Estado para cumplir con los requerimientos necesarios para el proceso de selección.
Falta de designación de delegados por parte del Estado
Desde hace más de cuatro meses, el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, solicitó a las funciones del Estado —Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, y de Transparencia y Control Social— que presenten las ternas de sus delegados. Estos delegados son necesarios para conformar la comisión ciudadana encargada del concurso para designar al Fiscal General.
Hasta la fecha, solo la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han enviado a sus representantes. Las otras funciones estatales no han demostrado intención alguna de colaborar activamente en este proceso institucional. Esto ralentiza el avance del concurso y compromete su legitimidad.
Comisión técnica enfrenta falta de información clave
La comisión técnica del Cpccs, conformada por asesores de los siete vocales del Consejo, tenía un plazo de diez días —desde el 7 hasta el 21 de agosto de 2025— para revisar las carpetas de los 69 aspirantes. Estos aspirantes buscan formar parte de la comisión ciudadana de selección.
No obstante, el 26 de agosto se resolvió solicitar una prórroga de tres días al Pleno del Cpccs. La razón: varios organismos públicos no han entregado información esencial sobre los postulantes. Entre las instituciones que han incumplido se encuentran el IESS y el Servicio de Rentas Internas (SRI). También el Ministerio de Trabajo, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
La comisión técnica ha hecho un llamado a estas instituciones para que faciliten los datos necesarios. Su falta de cooperación impide avanzar en el concurso para designar al Fiscal General del Estado.
Preocupación por lentitud y falta de seriedad
Hugo Arteaga, coordinador nacional de la veeduría ciudadana que vigila este concurso, ha expresado su preocupación por el creciente retraso. Arteaga advierte que el proceso debe acelerarse. De lo contrario, podría ser interpretado como una estrategia política para bloquear el concurso. Especialmente si se espera el resultado de una eventual consulta popular que plantearía eliminar el Cpccs.
“Cuando se amplían los plazos y se omiten normas básicas, no estamos dentro de un proceso jurídicamente estable”, aseguró.
Además, cuestionó la falta de decisión de las funciones del Estado, señalando que posponer la designación de delegados socava la credibilidad del proceso. Esto podría afectar la institucionalidad de la Fiscalía General.
Impugnaciones podrían frenar aún más el proceso
A pesar de que el CNE ya ha designado a su delegado, esto no garantiza que el concurso avance sin tropiezos. Según Hugo Arteaga, los ciudadanos tienen derecho a impugnar a los comisionados por falta de idoneidad o conflicto de interés.
Tal es el caso del delegado Tyron Valarezo, vinculado públicamente como fotógrafo personal de la presidenta del CNE, Diana Atamaint. Arteaga advirtió que se espera que los miembros de la comisión tengan experiencia sólida en ramas del derecho como penal o constitucional. Esto podría invalidar postulaciones como esta.
El concurso para designar al Fiscal General se enfrenta, así, a una combinación de obstáculos administrativos, falta de voluntad política e incertidumbre institucional. Todo esto en un momento crucial para el sistema judicial ecuatoriano.
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