La Contraloría General del Estado atribuyó este miércoles 10 de diciembre de 2025 responsabilidad directa al alcalde Pabel Muñoz por la compra irregular de 60 trolebuses eléctricos para el sistema de transporte capitalino. El informe señala que el Municipio omitió la normativa de contratación pública al involucrar a UNOPS sin sustento técnico ni financiero adecuado.
El examen determinó un perjuicio económico de USD 2,55 millones y estableció posibles responsabilidades penales que serán remitidas a la Fiscalía General del Estado.
Omisión de normativa en proceso de contratación pública
La Contraloría examinó el período entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2025. Durante este tiempo, el organismo de control revisó exhaustivamente el proceso de negociación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
Por tanto, la entidad concluyó que la compra irregular de 60 trolebuses eléctricos no se realizó mediante subasta inversa electrónica. Esta modalidad era obligatoria según recomendaciones del Servicio de Contratación Pública (Sercop) para bienes normalizados.
En consecuencia, el Municipio optó por un esquema de cooperación con UNOPS activado desde un «Memorando de Entendimiento» firmado por el alcalde Muñoz. Esa decisión derivó en que la Empresa Pública de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) invitara a UNOPS sin coordinación previa con análisis técnico ni financiero.
Tres elementos contractuales incumplidos con UNOPS
Según la Contraloría, el Municipio lanzó la licitación con UNOPS pese a que la oficina no cumplía tres elementos del Sistema de Contratación Pública.
Primero, aunque existía un convenio con UNOPS, no era un convenio de cooperación internacional ni con organismo multilateral de crédito. Se trataba de un contrato de prestación de servicios sin carácter financiero.
Además, el financiamiento total del proyecto provino de recursos propios de la Empresa de Pasajeros. El aporte de UNOPS fue equivalente a USD 50.000 destinado exclusivamente a montos indirectos.
Finalmente, no se encontró que los fondos de UNOPS hayan sido destinados directamente al objeto contractual. Su intervención se centró en la gestión de adquisiciones, no en otorgamiento de recursos financieros.
Responsabilidad del Directorio y gerencia de EPMTPQ
El Directorio de la EPMTPQ —presidido por el alcalde a través de su delegado— no solicitó aclaraciones sobre el convenio con UNOPS. Esto ocurrió pese a conocer su existencia desde diciembre de 2023.
Asimismo, el Directorio no dio seguimiento al Plan Operativo Anual ni verificó que el proyecto se ajustara al procedimiento establecido en la normativa vigente.
Por otra parte, el Gerente General no supervisó las mesas de trabajo previas con UNOPS. Tampoco exigió documentación que justificara los costos de implementación e indirectos que finalmente derivaron en el perjuicio económico identificado.
Perjuicio económico de 2,55 millones de dólares
El monto de USD 2’552.307,83 corresponde a pagos realizados a UNOPS por costos operativos y corporativos sin justificación adecuada. Estos recursos no constaban en el proyecto de inversión y se fijaron sin documentación sobre su cálculo.
No obstante, la Contraloría sostiene que estos fondos se pagaron sin garantizar eficiencia, legalidad ni transparencia en el uso de recursos públicos. Adicionalmente, la entidad estableció responsabilidades administrativas por USD 79.970,00.
Quince especificaciones técnicas incumplidas en los trolebuses
El informe revela que los trolebuses entregados no cumplían 15 de las 80 especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Estos incumplimientos incluyen elementos de seguridad y diseño operacional fundamentales.
Igualmente, la Contraloría advierte que la aprobación del prototipo no fue rigurosamente contrastada con el contrato. Esta situación podría comprometer la fiabilidad técnica de la flota actualmente en operación.
Recomendaciones de cumplimiento inmediato
Entre las principales disposiciones de cumplimiento obligatorio constan crear una Comisión Técnica para futuras adquisiciones. Esta comisión será responsable de validar planos, pruebas y cumplimiento contractual en nuevos proyectos.
Posteriormente, el Municipio debe revisar íntegramente los costos pagados a UNOPS y documentar su sustento financiero. También debe fortalecer el rol del Directorio y mejorar mecanismos de seguimiento al POA.
Mientras tanto, las autoridades deben corregir las especificaciones técnicas incumplidas en los trolebuses actuales. La Contraloría advierte que la inobservancia de estas medidas puede generar sanciones administrativas adicionales.
Operación actual de la flota de trolebuses eléctricos
Las 60 unidades se adquirieron para renovar la flota del Trolebús en el marco del proyecto de modernización del transporte público capitalino. De este total, 46 trolebuses fueron inaugurados el 31 de marzo de 2025 en un evento municipal.
Sin embargo, las 14 unidades restantes llegaron al país en el mismo embarque pero permanecieron retenidas debido a problemas con la SENAE. Finalmente, estas unidades entraron en circulación el 16 de junio de 2025 completando la flota.
Actualmente, los 60 trolebuses están en operación. No obstante, el informe de Contraloría plantea dudas sobre la solidez del proceso que condujo a la compra irregular de 60 trolebuses eléctricos y sobre la responsabilidad de quienes tomaron decisiones en cada fase del proyecto.
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