La forma en que los municipios, prefecturas y juntas parroquiales administran los recursos públicos vuelve a estar en el centro del debate nacional. Un nuevo proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), impulsado por el presidente Daniel Noboa, propone cambios en las reglas de asignación y uso del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con el objetivo de priorizar la inversión y la obra pública.
A continuación, un análisis de cómo gastan actualmente los GAD y qué implicaría la reforma planteada por el Ejecutivo.
Cómo se financian los municipios y prefecturas
De acuerdo con el Cootad, los GAD reciben recursos del Presupuesto General del Estado bajo dos criterios principales:
- El 21% de los ingresos permanentes del Estado, es decir, aquellos provenientes de la recaudación de impuestos y tasas.
- El 10% de los ingresos no permanentes, como los generados por la venta de petróleo, bienes del Estado o concesiones.
Estas transferencias constituyen una parte fundamental de los ingresos de los gobiernos seccionales. Aunque también cuentan con recursos propios —como tasas e impuestos municipales—, en promedio entre el 48% y el 54% de sus ingresos proviene del Estado. El caso de las prefecturas, esta dependencia puede llegar al 70%.
En 2025, el Presupuesto General del Estado fue de USD 34.949 millones, de los cuales USD 3.455 millones se destinaron a transferencias para los GAD, lo que representa casi el 10% del total.
En qué gastan actualmente los GAD
Según datos consolidados por el Banco Central del Ecuador (BCE), en 2024 los GAD manejaron USD 5.497 millones. De ese monto, apenas el 24% se destinó a inversión, que incluye obra pública, formación bruta de capital fijo y adquisición de bienes de larga duración. En 2025, el porcentaje fue similar: 25%.
Los ejemplos de las principales ciudades reflejan esta tendencia:
- En Guayaquil, de un presupuesto de USD 1.608 millones en 2025, el 27% se destinó a inversión y obra pública.
- En Quito, de USD 1.744 millones, el 23% fue para ese fin.
- En la Prefectura de Pichincha, el 47% de su presupuesto de USD 275 millones se dirigió a inversión.
El Gobierno cuestiona que una parte importante de los recursos se destine a sueldos, salarios y actividades como eventos culturales, artísticos o recreativos, en lugar de priorizar infraestructura y servicios básicos.
Qué propone la reforma de Daniel Noboa
El 28 de enero de 2026, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley Reformatoria al Cootad para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, con carácter económico urgente.
La propuesta establece que:
- Los municipios y prefecturas deberán destinar al menos el 70% de todo su presupuesto anual a inversión y obra pública hasta 2029.
- Las juntas parroquiales rurales deberán cumplir esa meta hasta 2030.
Si no alcanzan ese porcentaje, las asignaciones estatales se reducirían a los mínimos constitucionales:
- 15% de los ingresos permanentes.
- 5% de los ingresos no permanentes.
A diferencia de la normativa actual, que exige que el 70% de las transferencias estatales se destinen a inversión, la reforma plantea que ese porcentaje se aplique sobre el presupuesto total del GAD, no solo sobre lo transferido por el Estado.
El debate sobre la sostenibilidad fiscal
El Gobierno argumenta que la reforma responde al desequilibrio fiscal del país, es decir, a la insuficiencia de ingresos para cubrir el gasto público, lo que obliga al endeudamiento.
También sostiene que las asignaciones a los GAD son rígidas y dificultan ajustes en momentos de estrechez fiscal. Además, año tras año se acumulan atrasos en las transferencias; en 2025 estos alcanzaron USD 875 millones.
Desde el ámbito académico, el economista Daniel Lemus, de la ESPOL, considera que la reforma puede ser positiva para mejorar la calidad del gasto y fomentar la inversión. Sin embargo, advierte que es clave definir cómo se calculará el 70%: si sobre el presupuesto planificado o sobre el realmente ejecutado, considerando que muchas obras se contratan en un año y se ejecutan en otro.
Un cambio con impacto en la gestión local
La reforma busca reorientar el gasto de los gobiernos seccionales hacia infraestructura y servicios públicos prioritarios. No obstante, también plantea desafíos para aquellos GAD con estructuras administrativas pesadas o con limitada capacidad de ejecución.
El debate en la Asamblea será determinante para establecer si la propuesta logra equilibrar la necesidad de disciplina fiscal con la autonomía y realidad operativa de los gobiernos locales.
Fuente: PRIMICIAS
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