La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional abrió un proceso de fiscalización al concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado, en un escenario marcado por retrasos, críticas ciudadanas y cambios constantes en la dirección de la Fiscalía.
La Comisión de Transparencia, bajo control del movimiento ADN, convocó para el 27 de enero de 2026 una sesión presencial a las 14:00. En esa reunión se tratará un solo punto: el inicio del control político al proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.
La presidenta de la comisión, Diana Jácome, firmó la convocatoria. En esta mesa legislativa, ADN cuenta con seis votos, número suficiente para aprobar resoluciones sin apoyo de otras bancadas. Con esta sesión, la Asamblea da el primer paso formal para revisar un proceso que acumula cuestionamientos desde hace varios meses.
Retrasos en el concurso y cambios en la Fiscalía
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dirige el concurso para fiscal general. Sin embargo, el proceso no avanzó dentro de los plazos previstos y obligó a la exfiscal Diana Salazar a extender su permanencia en el cargo.
Después de su salida, Wilson Toainga asumió de forma temporal, pero luego renunció. Tras ese hecho, Leonardo Alarcón fue designado como fiscal subrogante, en medio de críticas por la forma en que se tomó la decisión.
En la actualidad, el concurso se encuentra en la fase de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. El CPCCS posesionó a este organismo pese a las observaciones de organizaciones sociales y veedurías ciudadanas.
Veedurías alertan irregularidades en la Comisión Ciudadana
La Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal advirtió que varias personas no debieron superar la fase de admisibilidad. Según esta veeduría, 14 de los 30 postulantes ciudadanos sorteados no cumplían requisitos legales mínimos.
Además, 9 de los 10 delegados de las funciones del Estado tampoco habrían reunido las condiciones exigidas por el reglamento del concurso. A pesar de estas observaciones, el CPCCS integró la Comisión Ciudadana con 10 miembros, decisión que ahora forma parte del foco de la fiscalización legislativa.
La posesión de esta comisión se realizó el 22 de enero de 2026, hecho que intensificó las críticas y pedidos de revisión del proceso.
Fiscalización tras bloqueo a juicio político en el CAL
El inicio del control político en la Asamblea ocurre luego de que el Consejo de Administración Legislativa rechazara, en dos ocasiones, una solicitud de juicio político contra cinco de los siete consejeros del CPCCS.
El pedido fue presentado por el legislador de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, y estaba vinculado al proceso de designación de Mario Godoy como presidente de la Judicatura. El CAL negó el trámite basándose en un informe técnico que cuestionó la validez de las firmas de respaldo.
Para Molina, esta decisión busca proteger al actual CPCCS hasta que se concrete el nombramiento del nuevo fiscal general. Ahora, esta lectura se suma al debate político que rodea el proceso.
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