El pasado lunes 4 de agosto de 2025, clientes del Banco Pichincha realizaron retiros masivos por un total superior a los USD 160 millones. Esto sucedió debido a graves fallas y problemas técnicos en la aplicación móvil del banco. Este incidente generó una serie de inconvenientes, especialmente para aquellos que intentaban acceder a sus fondos a través de la plataforma digital. Sin embargo, otros servicios, como las agencias físicas y cajeros automáticos, permanecieron activos.
Retiros masivos y demanda de liquidez
El superintendente de Bancos, Roberto Romero, informó que en circunstancias normales, el Banco Pichincha experimenta un promedio de retiros de alrededor de USD 58 millones por día. Sin embargo, los problemas técnicos de la app incrementaron de manera significativa la demanda de liquidez. A pesar de ello, el banco pudo responder adecuadamente gracias a la solidez de su infraestructura financiera. Esto aseguró que los clientes pudieran retirar el dinero sin mayores dificultades.
Problemas con la app y su resolución
Romero explicó que los problemas técnicos fueron originados por una actualización en la plataforma móvil del banco. El Banco Pichincha se encuentra en un proceso de mejora y modernización de sus sistemas. Esto busca ofrecer un mejor servicio a sus usuarios, lo que causó algunos inconvenientes temporales. Afortunadamente, la situación fue resuelta rápidamente. El 5 de agosto de 2025, la normalidad fue restablecida. Muchos clientes que habían retirado sus fondos decidieron reingresar el dinero a sus cuentas, evidenciando la confianza en el sistema del banco.
Investigaciones y sanciones por pánico financiero
Como parte de las acciones posteriores al incidente, la Superintendencia de Bancos ha iniciado investigaciones para determinar las causas y responsabilidades del problema. Además, se contemplan posibles sanciones económicas, la destitución de funcionarios involucrados, o incluso la suspensión de productos y servicios relacionados. En paralelo, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la difusión de mensajes falsos. Esto podría haber exacerbado la situación, generando pánico financiero en la población. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la difusión de noticias falsas que afecten la economía puede conllevar penas de prisión de entre cinco y siete años.
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