El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de Chile anunció este domingo, 27 de julio de 2025, la expulsión de 37 ciudadanos extranjeros con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador. Con esta nueva medida, el número total de deportaciones en lo que va del año asciende a 672 personas. Esta acción se lleva a cabo en el contexto de una crisis de seguridad que ha ido en aumento desde 2021.
Criterios de expulsión: delitos y órdenes judiciales vigentes
El director del Sernamig, Luis Eduardo Thayer, expresó a través de las redes oficiales del servicio que “tenemos el deber de hacer cumplir la ley. Debemos garantizar que quienes no respetan las normas respondan ante la institucionalidad y sean expulsados del país, especialmente en casos que representan un peligro para la seguridad”.
Por su parte, la jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Polly Ureta, detalló en un video-comunicado que los ciudadanos expulsados presentaban órdenes de salida del país vigentes. Estas órdenes eran tanto judiciales como administrativas. Estos extranjeros estuvieron involucrados en delitos como robo, receptación (posesión de bienes robados), y amenazas, entre otros.
Refuerzo de la fiscalización migratoria
Ureta también destacó que estas acciones forman parte del trabajo de fiscalización permanente ejecutado por los departamentos y secciones de Migraciones y Policía Internacional en todo el país. Estas labores buscan identificar y sacar del territorio chileno a ciudadanos extranjeros con antecedentes delictivos o situaciones migratorias irregulares. Estas acciones son para reducir amenazas contra la seguridad interna.
Contexto político y regional
Las expulsiones se producen en un ambiente tenso para la seguridad pública en Chile. Este país enfrenta desde 2021 una escalada de violencia y crimen organizado. Desde su llegada al poder en marzo de 2022, el presidente Gabriel Boric ha endurecido su postura frente a los extranjeros que cometen delitos. Ha solicitado además mayor colaboración de los gobiernos de origen para enfrentar el fenómeno delictivo transnacional.
En múltiples ocasiones, Boric ha exhortado a sus pares regionales a asumir responsabilidad compartida. De esta forma, pueden enfrentar la contención de delitos cometidos por sus connacionales fuera de sus fronteras. Esta política forma parte de una estrategia más amplia de control migratorio y reforzamiento del orden público. La deportación de extranjeros constituye uno de los pilares fundamentales.
Una política en expansión
Chile no es el único país de la región que ha intensificado las expulsiones de migrantes en situación irregular o con antecedentes penales. Ecuador, Perú y Colombia también han aplicado políticas similares ante el incremento de delitos vinculados al crimen organizado transnacional. Sin embargo, la medida chilena ha generado debate respecto a los derechos humanos. Por otro lado, hay dudas sobre la eficacia a largo plazo de las deportaciones como estrategia de seguridad.
Fuente: El Universo
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