La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Tribunal de Juzgamiento del Caso Triple A que requiera los videos de las cámaras de seguridad del Complejo Judicial Norte, en Quito, para verificar la actuación del perito Christian Ojeda durante una de las jornadas de audiencia.
El pedido se centra en determinar si el experto permaneció en el pasillo del piso 11 del edificio entre las 07:30 y las 17:00, mientras rendía su declaración un testigo anterior. Según la Fiscalía, si esa situación se confirma, el testimonio del perito podría considerarse «contaminado», por lo que busca restarle valor probatorio dentro del proceso penal.
La diligencia forma parte de las actuaciones que se desarrollan durante el juicio del Caso Triple A, en el que se analizan las pruebas presentadas tanto por la acusación como por la defensa.
El peritaje generó uno de los principales debates del Caso Triple A
La declaración de Christian Ojeda se convirtió en uno de los puntos más discutidos durante la etapa de presentación de pruebas. Incluso, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mencionó ese peritaje como uno de los argumentos que respaldan su defensa.
Durante la audiencia, la Fiscalía impugnó la comparecencia del experto. Sin embargo, el Tribunal rechazó ese pedido y permitió que rindiera su testimonio.
En su intervención, Ojeda analizó la actividad de las empresas Copedesa, Corpalubri, Indudiesel y Ternape. Además, concluyó que las cuatro poseen un objeto social legal. Asimismo, sostuvo que no es posible trasladar a un actor privado las responsabilidades de control que corresponden al Estado.
Por su parte, Julio César Cueva, abogado de Aquiles Álvarez, defendió el contenido del peritaje. Según afirmó, los expertos de la defensa consideran que el caso corresponde al ámbito administrativo y no al penal.
La ARCH también cuestionó la participación del perito
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) también objetó la intervención de Christian Ojeda dentro del Caso Triple A. La entidad argumentó que el perito mantiene una sanción disciplinaria que lo inhabilita durante un año para ejercer como perito acreditado.
No obstante, durante la audiencia, uno de los abogados de la defensa sostuvo que el expediente disciplinario se originó precisamente por el peritaje elaborado en esta causa. Además, indicó que el procedimiento comenzó tras una denuncia presentada por el director de la ARCH.
La primera suspensión fue emitida el 10 de septiembre de 2025 y posteriormente ratificada por el Consejo de la Judicatura el 22 de junio de este año.
Según explicó Luis Mejía, subdirector nacional de Control Disciplinario, el informe pericial fue enviado por correo electrónico a la Fiscalía el 4 de mayo de 2025. Sin embargo, la documentación física con los anexos fue recibida un día después, hecho que sustentó la sanción por un presunto incumplimiento de plazos.
El Tribunal aún no resuelve el pedido de la Fiscalía
Pese a los cuestionamientos formulados por la Fiscalía y la ARCH, el Tribunal aceptó el testimonio de Christian Ojeda como parte de las pruebas del Caso Triple A.
Además, acogió uno de los requerimientos de la Fiscalía y dispuso que la Secretaría de Despacho remita copias digitales de los audios de las audiencias. Sin embargo, todavía no se pronuncia sobre la solicitud para obtener los videos de las cámaras de seguridad del Complejo Judicial Norte.
El juicio continuará el domingo 2 de agosto con la presentación de los alegatos finales de las partes, una etapa clave antes de que el Tribunal adopte una decisión dentro del proceso.
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