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Comisión tardó 6 meses en concluir que caso Progen ya estaba en Fiscalía y CGE

caso Progen en la Asamblea

Actualizada:

El caso Progen en la Asamblea evidenció un proceso de fiscalización prolongado y sin consecuencias políticas. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social tardó seis meses en elaborar un informe borrador. El documento se conoció la noche del 18 de diciembre de 2025 y concluye que no existen responsabilidades políticas.

Sin embargo, el informe reconoce que el contrato con Progen Industries ya se encuentra bajo investigación de la Contraloría General del Estado (CGE) y la Fiscalía General. Esta situación es similar a lo ocurrido con el contrato de Austral Technical Management (ATM).

Caso Progen en la Asamblea y rol de la Comisión de Transparencia

La fiscalización de los contratos fallidos para la generación eléctrica recayó en la Comisión de Transparencia, presidida por la asambleísta oficialista Diana Jácome. Esta decisión se tomó luego de que la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, iniciara un proceso paralelo.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) fue determinante en este escenario. El 21 de junio de 2025 resolvió que la Comisión de Transparencia sea la única instancia competente. La investigación se centró en los contratos firmados por CELEC EP con Progen Industries y ATM.

Contenido del informe borrador sobre el caso Progen

La Comisión de Transparencia se reunirá la noche del 19 de diciembre de 2025 para conocer y resolver sobre el informe borrador. La mesa está integrada por 10 legisladores. ADN y su aliado, el exPachakutik Edmundo Cerda, cuentan con los votos necesarios para aprobar el documento.

El asambleísta socialcristiano Otto Vera expresó su preocupación. A su criterio, el caso Progen en la Asamblea sí amerita el establecimiento de responsabilidades políticas. No obstante, el informe sostiene que no existen actos u omisiones imputables a autoridades públicas.

El documento señala que no se configuró un incumplimiento de funciones según el artículo 131 de la Constitución. En consecuencia, no se atribuye responsabilidad política a ningún ministro, pese a que el contrato fue pagado y no ejecutado.

Investigación en Fiscalía y Contraloría

El informe reconoce que la CGE ya estableció responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Además, confirma que la Fiscalía General mantiene investigaciones abiertas. Por lo tanto, estas instancias continúan con los procesos correspondientes.

Informe de minoría y reacción política

El correísmo anunció la presentación de un informe de minoría. El asambleísta Blasco Luna acusó al oficialismo de encubrir responsabilidades. Asimismo, el Partido Social Cristiano analiza su postura final. Otto Vera insistió en que el informe alternativo debe incluir responsabilidades políticas.

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Fuente:

expreso.ec

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