El caso conocido como Las Malvinas marca un precedente judicial en Ecuador. Este 22 de diciembre de 2025, un Tribunal de Garantías Penales del Guayas sentenció a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad. En uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos registrados en el país en los últimos años.
La resolución judicial se conoció tras más de siete semanas de audiencias y más de un año después de los hechos ocurridos la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando una patrulla militar detuvo a los menores Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, en el sur de Guayaquil, antes de que desaparecieran.
Reinstalación de la audiencia y lectura del fallo
El Tribunal de Garantías Penales reinstaló la audiencia de juzgamiento la mañana del lunes 22 de diciembre de 2025, de forma presencial en el Complejo Judicial Albán Borja, en Guayaquil, y de manera virtual a través de Zoom. El tribunal estuvo integrado por el juez ponente Jovanny Suárez y las juezas Smirnova Calderón y Kelttya López.
Durante la diligencia, los magistrados leyeron la sentencia tras 15 sesiones de juicio iniciadas el 5 de noviembre de 2025, en las que se presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales que sustentaron la decisión judicial.
Detención ilegal y desaparición de los menores
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que una patrulla de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) detuvo ilegalmente a los cuatro menores. Los uniformados incumplieron los protocolos legales al no reportar la aprehensión al ECU 911, no entregar a los adolescentes a la Policía Nacional y no garantizar su integridad física.
Posteriormente, los militares trasladaron a los niños a un sector rural y desolado en las afueras de Taura, en el cantón Naranjal, provincia del Guayas. Testimonios, chats y un video incorporados al proceso evidenciaron que las víctimas sufrieron insultos, golpes, desnudez forzada y amenazas, incluido un disparo con el que los agresores simularon una ejecución extrajudicial.
Hallazgo de los restos y conmoción nacional
El 24 de diciembre de 2024, equipos de búsqueda hallaron los restos calcinados de los cuatro menores en un área de manglares, a 11 kilómetros al sur de Taura, en una zona de difícil acceso. El hallazgo provocó conmoción a nivel nacional y motivó plantones y protestas de familiares, organizaciones sociales y ciudadanos que exigieron verdad y justicia.
Durante la audiencia final, familiares y amigos de las víctimas realizaron un plantón en los exteriores del edificio de la Función Judicial de Guayaquil como acto de memoria y exigencia de sanción para los responsables.
Penas diferenciadas para los procesados
El tribunal impuso penas diferenciadas según el grado de participación de los militares procesados:
- 34 años y ocho meses de prisión para 11 militares considerados autores directos del delito de desaparición forzada.
- 30 meses de prisión para cinco militares que colaboraron como cooperadores eficaces de la Fiscalía.
- Un militar recibió la absolución, luego de que el tribunal no encontrara pruebas suficientes para establecer su responsabilidad penal como cómplice.
Además, el tribunal ordenó el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados (USD 376.000) y una reparación económica de USD 10.000 por cada procesado, destinada a cada una de las víctimas o a sus familiares.
“Se ha demostrado la crueldad con la cual fueron victimados”
Durante la lectura del fallo, el juez Jovanny Suárez afirmó que la Fiscalía demostró, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito y la participación de los procesados. El magistrado señaló la presencia de “coartadas fabricadas” y la existencia de un “pacto de silencio” entre los involucrados.
El juez también cuestionó las versiones de los militares que aseguraron no haber visto nada o que alegaron haber actuado bajo órdenes, y recalcó que en casos de detención ilegal no aplica la obediencia debida. Además, destacó que los informes de GPS ubicaron a la patrulla en Taura durante más de una hora y que varios testimonios identificaron al oficial al mando impartiendo órdenes directas.
Responsabilidad de la cadena de mando
El tribunal estableció la existencia de una estructura jerárquica claramente definida dentro de la patrulla militar. Identificó al subteniente John Henry Z. E. como responsable del mando operativo, mientras que otros suboficiales asumieron funciones de supervisión y control disciplinario.
Según la sentencia, ninguno de los integrantes se desvinculó de la acción ilícita. Por el contrario, la superioridad numérica y el porte de armas oficiales actuaron como medios intimidatorios que garantizaron la indefensión absoluta de las víctimas.
Medidas de reparación y no repetición
Además de las condenas, el tribunal dispuso varias medidas de reparación integral, entre ellas:
- Disculpas públicas en un medio de comunicación nacional.
- Una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura.
- Colocación de una placa con los nombres de las víctimas.
- Capacitaciones obligatorias en derechos humanos para personal militar, con al menos 120 horas anuales.
Asimismo, se ordenó la rectificación pública de versiones difundidas en medios y redes sociales que estigmatizaron a las víctimas, aclarando que los menores no eran delincuentes. Sino víctimas inocentes de un crimen de Estado.
Un fallo que marca un precedente en Ecuador
La sentencia del caso Malvinas representa un hito en la justicia ecuatoriana, al sancionar de manera severa un delito de desaparición forzada cometido por agentes del Estado. El fallo reafirma la obligación de las instituciones de seguridad de actuar dentro del marco legal y del respeto irrestricto a los derechos humanos. Especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.
Fuente: Primicias.ec
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