El caso Magnicidio que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 sigue generando debates jurídicos y políticos. La Fiscalía General del Estado solicitó convocar a cuatro ecuatorianos a la audiencia de formulación de cargos. No obstante, tres de ellos no se encuentran en el país, lo que plantea la interrogante de si podrán ser juzgados o extraditados.
Audiencia y presencia obligatoria de procesados
Según la abogada penalista María del Mar Gallegos, en el caso Magnicidio no es posible avanzar a juicio en ausencia de los implicados. La especialista sostiene que, si se llegara a esa instancia, la audiencia tendría que suspenderse hasta la comparecencia física de los acusados. Por el momento, solo Daniel Salcedo, detenido en la Cárcel de Cotopaxi, podría ser procesado directamente.
Acusaciones formales de la Fiscalía
La Fiscalía busca imputar como autores mediatos del asesinato a Daniel Salcedo, José Serrano (exministro del Interior), Ronny Aleaga (exasambleísta) y Xavier Jordán (empresario). Todos están vinculados no solo al caso Magnicidio, sino también a otros procesos como Metástasis. El abogado penalista Jorge Luis Ortega señala que la etapa de instrucción fiscal sí puede desarrollarse sin la presencia de los acusados.
Extradición y complejidades internacionales
En cuanto a quienes están fuera del país, el caso Magnicidio enfrenta obstáculos legales. Jordán y Serrano residen en Estados Unidos, lo que abre la posibilidad de solicitar extradición activa mediante la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, en el caso de Aleaga, cuya ubicación no está clara y posiblemente se encuentre en Venezuela, la extradición sería más complicada.
Expertos en Derecho Internacional destacan que, además de la extradición, la Fiscalía podría solicitar difusión roja de Interpol para la localización de los prófugos. Incluso, la deportación de Serrano podría ser viable dado que se encuentra detenido en Miami por infracciones migratorias.
Posibles penas y plazos legales
El caso Magnicidio contempla sanciones severas. De acuerdo con el artículo 140 reformado del COIP, los acusados podrían enfrentar penas de entre 26 y 30 años de prisión. La abogada Gallegos explica que, si permanecen prófugos, la acción penal prescribiría en un plazo igual al máximo de la pena, contándose desde la formulación de cargos.
Este proceso, cargado de complejidad jurídica y política, mantiene en suspenso al país mientras se espera la decisión judicial sobre la extradición y las medidas de prisión preventiva.
Fuente:
Te puede interesar:
Gaza: Huérfanos rompen en llanto en su graduación al recordar a sus padres caídos
