El 5 de agosto de 2024, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador dictó una sentencia histórica en el caso conocido como Las Dolores, anteriormente denominado caso Fybeca. El juez Felipe Córdova, junto con los jueces Julio Inga y Lauro de la Cadena, condenó a 26 años de prisión a cuatro expolicías. Por la desaparición forzada de tres personas en un operativo policial irregular en una farmacia en Guayaquil, ocurrido en noviembre de 2003. Los condenados son Mario Cevallos, Marcos Villacrés, Aurelio Chila y Erick Salinas.
Detalles del Operativo y las Desapariciones
El 19 de noviembre de 2003, durante un operativo en la farmacia Fybeca del norte de Guayaquil, el excapitán Eduardo González, actualmente prófugo en Estados Unidos, encabezó la operación. Durante el operativo, Johnny Elías Gómez Balda, César Augusto Mata Valenzuela y Erwin Daniel Vivar Palma fueron arrestados y llevados a la Policía Judicial. Allí, fueron sometidos a torturas antes de ser arrojados al Estero Salado.
Vivar, quien sobrevivió al ataque, narró su experiencia en Venezuela, donde fue localizado en 2016. En su testimonio, describió cómo logró salvarse cubriéndose con el cuerpo de Gómez cuando el grupo fue baleado. Este testimonio fue crucial para el caso, brindando detalles sobre la brutalidad del operativo.
Sentencia y Medidas de Reparación
La sentencia de 26 años de cárcel para los expolicías fue dictada tras un juicio en el que se demostró su responsabilidad en la desaparición forzada de las víctimas. Además de la pena privativa de libertad, se ordenó el pago de 237.000 dólares en indemnización a las familias de Gómez y Mata. Así como la cobertura de los costos de tratamientos psicológicos para los familiares de las víctimas y Vivar durante cinco años.
El juez Córdova también estableció medidas de satisfacción para las víctimas y sus familias. Se requiere que la Comandancia de la Policía Nacional de Ecuador reconozca públicamente que el operativo en la farmacia de Guayaquil fue ilegal y violó los derechos humanos. Además, se ordenó la creación de una Unidad dentro de la Policía para capacitar y supervisar a los agentes, asegurando el respeto a los derechos humanos en futuras actuaciones. La Policía deberá ofrecer disculpas públicas y colocar una placa conmemorativa en la farmacia donde fueron vistos por última vez las víctimas.
Reacciones y Perspectivas
El fiscal subrogante Wilson Toainga asistió a la audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Por lo que mientras que los acusados escucharon la sentencia a través de un enlace telemático. La sentencia ha sido recibida como un paso importante en la búsqueda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2003.
María Dolores Guerra, viuda de una de las víctimas, expresó una mezcla de satisfacción y pesar. Aunque la sentencia representa un avance en la búsqueda de justicia. Guerra subrayó que el verdadero cierre solo se logrará cuando los cuerpos de las víctimas sean encontrados y enterrados adecuadamente.
El abogado de las víctimas, Juan Pablo Albán, resaltó que, a pesar de la sentencia, aún queda trabajo por hacer, ya que algunos acusados continúan prófugos y la justicia completa aún no se ha alcanzado.
Por otro lado, el abogado de uno de los condenados, Iván Durazno, expresó su descontento con la sentencia y anunció su intención de apelar. Por lo que argumento que considera que el juicio y la sentencia no se ajustan a los principios de legalidad y justicia.
El caso Las Dolores representa un capítulo crucial en la lucha por la justicia en Ecuador, destacando la necesidad de rendición de cuentas y el fortalecimiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos en el país.
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