El Caso Goleada que involucra al alcalde Aquiles Alvarez permanece estancado sin tribunal definitivo ni fecha para la audiencia preparatoria de juicio.
Guayaquil, Ecuador. El proceso judicial denominado Caso Goleada, en el que la Fiscalía General investiga presuntos delitos de delincuencia organizada y contratos irregulares vinculados al alcalde Aquiles Alvarez y su entorno, permanece estancado sin designación de juez titular ni fecha para la audiencia preparatoria de juicio tras reiteradas recusaciones y excusas de magistrados en la Corte Provincial del Guayas.
Aspectos centrales del estancamiento procesal
- Vacío en el tribunal: Sucesivas excusas de jueces han impedido radicar la competencia definitiva del expediente penal.
- Origen de la investigación: La Fiscalía indaga transferencias millonarias y contrataciones ligadas al ámbito deportivo y empresarial.
- Postura de la defensa: Los abogados de Aquiles Alvarez sostienen que existe una persecución política y reclaman celeridad procesal.
- Alerta por plazos: La dilación en la convocatoria genera inquietud ciudadana ante eventuales riesgos de caducidad judicial.
El laberinto administrativo en los tribunales del Guayas
El Caso Goleada surgió a raíz de peritajes financieros y allanamientos judiciales ejecutados a inicios de año, donde el Ministerio Público levantó indicios sobre un esquema de captación y direccionamiento de fondos públicos y privados. Sin embargo, la causa no logra superar la fase preliminar debido al encadenamiento de recursos legales presentados por las partes procesales y la inhibición de jueces que alegan causales de enemistad o conflicto de interés.
Esta situación mantiene en suspenso la definición jurídica del alcalde guayaquileño y de otros procesados, mientras las salas especializadas de la Corte del Guayas continúan realizando sorteos de reasignación sin alcanzar quórum decisorio firme.
Pronunciamientos y expectativa jurídica
Desde el despacho municipal, el burgomaestre reiteró que sus cuentas y actividades comerciales son transparentes, demandando que la justicia resuelva con apego estricto a las pruebas periciales y sin presiones coyunturales. Por su parte, la Fiscalía insistió en que cuenta con los elementos de convicción suficientes para sustentar el llamamiento a juicio.








