El caso Goleada registró un nuevo giro judicial este 6 de julio. El juez anticorrupción Jairo García resolvió volver a dictar prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez; además de César Bravo y Fernando Peñaherrera, quienes son procesados por el presunto delito de lavado de activos.
Como parte de la resolución, el magistrado también dispuso la incautación de la vivienda donde residían Aquiles Álvarez y su familia en Samborondón. Además, concedió un plazo de 15 días para que la esposa del alcalde, Fiorella Ycaza, y sus tres hijos desalojen el inmueble.
Caso Goleada: juez revoca las medidas cautelares
Dentro del caso Goleada, Antonio y Xavier Álvarez, junto con César Bravo y Fernando Peñaherrera, recuperaron su libertad el 2 de abril de 2026. En esa fecha, un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha revocó la prisión preventiva que pesaba sobre ellos.
La decisión también favoreció al alcalde de Guayaquil. Sin embargo, Aquiles Álvarez continuó recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, debido a que enfrentaba otras dos órdenes de prisión preventiva. Una corresponde al caso Triple A y la otra al presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
No obstante, este 6 de julio, el juez Jairo García concluyó que las medidas cautelares vigentes dentro del caso Goleada dejaron de ser idóneas. En consecuencia, resolvió volver a imponer la prisión preventiva para los cinco procesados.
Ordenan la incautación de la vivienda
Como parte de la resolución judicial del caso Goleada, el magistrado también ordenó la incautación de la vivienda donde residían Aquiles Álvarez y su familia.
El inmueble está ubicado en la urbanización Blue Bay de la Isla Mocolí, un exclusivo conjunto residencial del cantón Samborondón, en la provincia del Guayas.
Además, el juez otorgó un plazo de 15 días para que Fiorella Ycaza, esposa del alcalde, y sus tres hijos desalojen la propiedad.
Esta no es la primera vez que las autoridades intentan ejecutar esa medida. El pasado 12 de junio, funcionarios de la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, acompañados por agentes de la Policía, acudieron al inmueble con el propósito de incautarlo.
Sin embargo, la diligencia no pudo concretarse. Los abogados defensores del alcalde explicaron que aún no existía una orden de desalojo y que permanecía pendiente la audiencia de revisión de medidas relacionada con esa disposición judicial.
¿Cómo se originó el caso Goleada?
El caso Goleada comenzó el 11 de febrero, cuando la Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de delincuencia organizada. Ese mismo día fueron detenidos los tres hermanos Álvarez junto con otras ocho personas.
Posteriormente, el 27 de marzo, el proceso incorporó al asambleísta Raúl Chávez, integrante de la organización política RETO. Según la investigación, también fue señalado como comisionista de las empresas vinculadas a la familia Álvarez.
Más adelante, el 14 de mayo, la Fiscalía reformuló los cargos por el presunto delito de lavado de activos. Esa decisión acogió el criterio emitido por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
Finalmente, el 29 de mayo se produjo una segunda vinculación al caso Goleada. En ella fueron incorporadas la esposa y la madre del alcalde, dos de sus primos, la contadora de las empresas y nueve personas jurídicas.
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