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Caso Goleada: Fiscalía acusa a 13 personas y 9 empresas por combustible

Fiscalía General del Estado en audiencia del Caso Goleada

Actualizada:

4 min de lectura
  • El fiscal Dennis Villavicencio presentó elementos acusatorios individuales contra los trece procesados en la Corte Nacional.
  • La investigación judicial identifica un presunto perjuicio económico derivado de la comercialización ilícita de hidrocarburos.
  • Entre las personas jurídicas señaladas constan firmas vinculadas a la distribución y transporte de gasolinas.
  • La audiencia preparatoria de juicio determinará si los implicados son llamados formalmente a la etapa de juzgamiento.

La Fiscalía General del Estado continuó con la sustanciación de su dictamen en el denominado Caso Goleada, exponiendo los elementos probatorios individuales recabados contra trece personas naturales y nueve personas jurídicas señaladas por presunta participación en una red de comercio ilícito de hidrocarburos. La diligencia judicial, conducida en los tribunales de la Corte Nacional de Justicia, representa una de las fases más complejas de este proceso penal que investiga supuestas irregularidades sistemáticas en los cupos y despachos de combustibles subvencionados.

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Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal a cargo del expediente, Dennis Villavicencio, detalló ante la jueza nacional el esquema técnico y societario presuntamente articulado para evadir los controles estatales y desviar volúmenes masivos de diésel y gasolinas hacia destinos comerciales no autorizados, afectando sensiblemente las finanzas públicas y el régimen de subsidios energéticos.

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Fundamentos técnicos y elementos del Caso Goleada

De acuerdo con la sustentación expuesta por la Fiscalía General del Estado, el mecanismo operativo consistía en la alteración informática y documental de los sistemas de despacho en plantas de acopio, simulando ventas y transferencias a distribuidores autorizados. Los peritajes contables y las auditorías de telecomunicaciones incorporadas al expediente señalan una discrepancia millonaria entre los registros volumétricos reportados ante la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables y las facturaciones reales emitidas por las firmas implicadas.

El Ministerio Público argumentó que la estructura investigada en el Caso Goleada utilizó compañías legalmente constituidas en el sector comercial y naviero para justificar movimientos logísticos irregulares, generando un circuito de triangulación financiera que presuntamente lavaba los excedentes obtenidos por la venta irregular del hidrocarburo en mercados paralelos o actividades extractivas no controladas.

En el ámbito de la supervisión legal y el control penal en el país, recuerde nuestra información reciente sobre cómo la justicia resolvió medidas en el caso judicial del exjuez David Jacho y las medidas cautelares dictadas por la máxima corte judicial.

Estatus procesal de personas y empresas vinculadas

Entre los procesados en la causa constan directivos, accionistas y apoderados legales de empresas distribuidoras de combustible, así como funcionarios técnicos que habrían facilitado la validación de cupos preferenciales. La Fiscalía solicitó a la jueza sustanciadora el auto de llamamiento a juicio para los trece imputados bajo la figura de delincuencia organizada y almacenamiento o comercialización no autorizada de derivados de petróleo, tipos penales sancionados con penas privativas de libertad de hasta diez años en la legislación ecuatoriana.

Por su parte, los abogados defensores de los acusados han presentado objeciones formales a los informes periciales, alegando supuestas vulneraciones al debido proceso y asegurando que las transferencias comerciales respondieron a contratos válidos de suministro industrial. Las defensas técnicas sostienen que no existió dolo ni desvío ilegítimo, solicitando el sobreseimiento definitivo de sus representados ante la Corte Nacional de Justicia.

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Próximos pasos procesales y resolución de la jueza

La diligencia judicial se extenderá durante varias jornadas debido a la voluminosa carga de elementos documentales que superan los doscientos cuerpos procesales. Una vez que concluyan las réplicas de los defensores y la intervención de los delegados de la Procuraduría General del Estado y de Petroecuador en calidad de acusadores particulares, la jueza nacional suspenderá la sesión para deliberar su pronunciamiento oral.

La decisión final de la jueza determinará la validez procesal de todo lo actuado, resolverá los pedidos de sobreseimiento o llamamiento a juicio plenario, y ratificará o modificará las medidas cautelares de carácter real y personal que pesan sobre los bienes corporativos y las cuentas bancarias de las nueve personas jurídicas vinculadas a la causa.

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