La diligencia del caso Blindaje se retomará este 2 de septiembre, luego de que la jueza Daniella Camacho iniciara la deliberación sobre las medidas solicitadas por la Fiscalía.
La audiencia de vinculación y formulación de cargos del caso Blindaje se reinstalará este miércoles 2 de septiembre, a las 12:30. La diligencia quedó suspendida luego de que las defensas de los nuevos procesados expusieran sus argumentos.
El caso Blindaje investiga al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, junto con otras personas naturales y jurídicas. La causa se abrió por una investigación relacionada con el presunto delito de lavado de activos.
Pasadas las 18:40 del martes 1 de septiembre, la audiencia se reinstaló para analizar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. En esta etapa fueron vinculadas diez personas naturales y jurídicas.
Con estas nuevas vinculaciones, el caso Blindaje pasó a tener 18 personas naturales y jurídicas procesadas. Entre los nuevos vinculados figuran cinco jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas.
Caso Blindaje: Fiscalía pide prisión preventiva
Durante la diligencia, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, solicitó prisión preventiva para varios de los nuevos procesados. Entre ellos están los jueces Genaro Reinoso Cañote, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre.
También consta Simón Bolívar Moreno, quien se desempeñaba como juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames. La solicitud de la Fiscalía incluyó además a Iván Sol González, empleado privado.
Sin embargo, para cuatro de los jueces se plantearon medidas alternativas. La Fiscalía tomó en consideración que tienen entre 65 y 74 años y forman parte del grupo de atención prioritaria.
Para ellos se solicitaron medidas como la prohibición de salida del país, el uso de grillete electrónico y el arresto domiciliario.
Fiscalía solicita medidas para tres empresas
Dentro del caso Blindaje, la Fiscalía también vinculó a tres personas jurídicas. Se trata de Reypezpacific S. A., Reysolutionwash y Teknhikmec.
Para estas compañías, la Fiscalía solicitó medidas de carácter real. Entre ellas consta la retención de las cuentas que mantengan en el sistema financiero hasta por USD 380.000 para cada empresa.
Además, pidió la prohibición de enajenar bienes y la incautación de los bienes pertenecientes a las tres personas jurídicas.
Las compañías están representadas, respectivamente, por David Rodríguez, Gabriela Feijó y Álex Luna.
Las defensas expusieron sus argumentos
La audiencia del caso Blindaje se extendió durante más de dos horas y tuvo una pausa. Posteriormente, los abogados de los implicados intervinieron para cuestionar o responder a las medidas solicitadas por la Fiscalía.
Cada defensa técnica contó con diez minutos para presentar sus argumentos ante la autoridad judicial. Una vez concluidas las intervenciones, el fiscal Carlos Alarcón respondió a los planteamientos realizados.
Alarcón señaló que ratificaba la solicitud de prisión preventiva y las demás medidas planteadas para cada uno de los procesados.
Después de escuchar a las partes, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, se retiró para deliberar sobre las medidas cautelares.
¿Qué investiga el caso Blindaje?
La investigación del caso Blindaje comenzó en junio pasado. La causa se originó a partir de un oficio reservado elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
El documento hacía referencia a operaciones consideradas inusuales e injustificadas relacionadas con Vicko Villacís Tenorio y otras personas jurídicas.
Según la Fiscalía, la estructura investigada habría operado para obtener y beneficiarse de fondos estatales de manera sistemática. La institución ubica al alcalde de Esmeraldas como una de las personas que habría coordinado acciones con servidores públicos, empresas fachada, particulares y familiares.
Villacís permanece actualmente en la cárcel de Cotopaxi, en Latacunga. La investigación continúa bajo instrucción fiscal y, debido al fuero de los jueces provinciales vinculados, la causa llegó a la Corte Nacional de Justicia.
De acuerdo con la Fiscalía, el presunto lavado de activos investigado en el caso Blindaje alcanzaría aproximadamente USD 9 millones.
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