El caso Alfaro Vive Carajo regresó a los tribunales ecuatorianos este jueves 6 de noviembre de 2025, cuando la Corte Nacional de Justicia (CNJ) reanudó la audiencia contra cinco militares retirados y un civil acusados de crímenes de lesa humanidad. Los hechos ocurrieron hace casi cuatro décadas. Fue específicamente el 10 de noviembre de 1985, durante el gobierno de León Febres Cordero.
Testimonios de víctimas revelan torturas sistemáticas
Adriana Cajas, hermana de una afectada, relató ante el Tribunal de Juzgamiento que a su hermana «le hicieron horrores». Describió torturas con toallas mojadas electrificadas, administración de pentotal sódico conocido como «suero de la verdad» y violación sexual. La víctima permaneció con los ojos vendados en un recinto militar cerca de Conocoto, Quito.
El esposo de Cajas denunció el allanamiento ilegal de su domicilio, donde efectivos militares ingresaron sin orden válida exigiendo armas. «Nos maniataron, vendaron los ojos, nos pusieron la pistola en la sien», manifestó el testigo ante los jueces nacionales Javier de la Cadena, Manuel Cabrera y Katty Muñoz.
Pruebas documentales sostienen la acusación fiscal
El fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, presentó evidencia recabada durante la investigación que demuestra violaciones sistemáticas de derechos humanos. Según la acusación fiscal, el caso Alfaro Vive Carajo constituye un ejemplo de crímenes de lesa humanidad. Estos incluyen detención ilegal, tortura, violencia sexual contra Susana Cajas y desaparición forzada de Luis Vaca (fallecido).
El abogado Juan Pablo Albán, representante de la familia Vaca, destacó que aunque algunos testigos y peritos han fallecido, existen pruebas documentales de recintos militares incorporadas al expediente. Asimismo, una perita que participó en la elaboración del informe forense defenderá las conclusiones técnicas.
Estructura estatal coordinó operaciones contra «enemigos internos»
La Fiscalía sostiene que hubo actuación coordinada de estructuras estatales bajo cadena de mando e inteligencia militar. Los seis procesados son Juan Viteri, Manuel Delgado, Nelson Enríquez, Fernando Ron, Mario Apolo y Luis Piñeiros. Este último, exministro de Defensa, está identificado como autoridad principal de la cadena de mando.
Los detenidos fueron trasladados al Servicio de Investigaciones Criminales (SIC) en el Centro Histórico de Quito y posteriormente al Centro de Detención Provisional (CDP). Los familiares fueron coaccionados para firmar documentos sin permitirles leer el contenido, según revelaron los testimonios.
Justicia tardía para víctimas de la dictadura militar
Después de casi 40 años, las víctimas del caso Alfaro Vive Carajo buscan justicia en un proceso que evidencia las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante gobiernos autoritarios. El juicio continúa con la presentación de pruebas testimoniales y documentales. Estas demuestran la existencia de un plan sistemático de represión estatal contra ciudadanos considerados opositores políticos.
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