La desnutrición crónica infantil (DCI) sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública en Ecuador. A pesar de los esfuerzos estatales y la cooperación internacional, la situación sigue afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Esto ocurre particularmente en las comunidades indígenas, donde cerca del 40 % de los niños y niñas padecen esta condición.
Una problemática estructural que va más allá de la alimentación
La desnutrición crónica infantil no es solo un problema nutricional. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los factores que determinan este problema van desde el acceso limitado a una alimentación adecuada hasta la carencia de servicios básicos. Estos incluyen agua potable, saneamiento, vivienda digna y controles médicos regulares. Especialmente durante los primeros 1.000 días de vida del niño, etapa clave para su desarrollo físico y cognitivo.
Lentas mejoras en indicadores nacionales
A lo largo de las últimas dos décadas, el país ha logrado ciertos avances. En 2004, el índice de DCI en menores de 5 años era de 28,9 %. En 2023-2024 descendió a 17,5 %. Sin embargo, los resultados son menos alentadores en el grupo de niños menores de 2 años. Aquí el progreso ha sido mínimo: del 21,3 % en 2004 se redujo apenas al 19,3 % en el último período medido.
Las zonas más afectadas siguen siendo la Sierra centro y la provincia de Santa Elena. La pobreza, el aislamiento geográfico y la falta de acceso a servicios básicos en estas áreas profundizan la crisis nutricional.
La situación crítica del sector indígena
El caso del sector indígena es especialmente preocupante. Aproximadamente 4 de cada 10 niños indígenas presentan desnutrición crónica. Esta cifra revela una profunda desigualdad estructural. También indica la necesidad urgente de intervenciones focalizadas que respeten el enfoque intercultural, garanticen el acceso a servicios esenciales y promuevan la equidad en salud.
Ampliación del Bono de los 1.000 Días como estrategia estatal
Ante este escenario, el Gobierno ha intensificado sus acciones. Actualmente, 140.000 mujeres embarazadas y niños menores de 2 años reciben el llamado Bono de los 1.000 Días. Este bono es un incentivo mensual de $50, más tres pagos adicionales. Para diciembre de 2025, se proyecta aumentar el número de beneficiarios a 160.000. Esto implicará una inversión total de $58 millones.
El bono no solo busca mitigar la desnutrición, sino también fomentar la vinculación temprana con el sistema de salud, promover la lactancia materna, garantizar una alimentación saludable. Además, asegura el acceso a agua segura y educación inicial.
Un sistema de identificación sin necesidad de inscripción
Para acceder al bono, no se requiere inscripción directa. El sistema opera a través de un cruce automatizado de datos entre el sistema de salud y el denominado registro social. Cuando una mujer embarazada acude a un centro de salud, se registra su condición. Si se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) realiza la transferencia monetaria.
Adicionalmente, se han habilitado mecanismos en las gobernaciones para que las familias que no hayan sido incluidas puedan solicitar su incorporación al programa.
Participación interinstitucional y visión de largo plazo
La secretaria técnica del programa Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, María de Lourdes Muñoz, destacó que la lucha contra la desnutrición forma parte de un plan nacional integral de protección social. Además del MIES, intervienen instituciones como el Ministerio de Salud Pública y centros de desarrollo infantil. Ellos actúan con un enfoque articulado y de largo plazo.
El objetivo gubernamental es ambicioso: reducir la desnutrición crónica infantil a menos del 15 % para 2030. Eventualmente se busca alcanzar un solo dígito, tomando como referencia el promedio latinoamericano, que actualmente se ubica en el 9 %.
Desafíos pendientes y necesidad de compromiso sostenido
Aunque la ampliación del Bono de los 1.000 Días representa un paso importante, la reducción efectiva de la desnutrición crónica infantil exige un compromiso sostenido a nivel estatal. Es necesario fortalecer políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la pobreza. También es vital garantizar el seguimiento, la transparencia en la ejecución presupuestaria. Finalmente, es esencial la participación activa de las comunidades en el diseño y monitoreo de los programas.
Solo a través de un enfoque integral e inclusivo será posible revertir esta situación. Esta condición limita el desarrollo humano y perpetúa el ciclo de la desigualdad en Ecuador.
Fuente: El Universo
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