El exjuez anticorrupción Carlos Serrano cuestionó la decisión del Consejo de la Judicatura de suprimir la unidad especializada para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado.
Durante una entrevista en Contacto Directo, Serrano explicó que esta estructura fue creada mediante un proceso de selección y formación específico. A su criterio, su especialización no era únicamente una denominación administrativa.
Según detalló, 425 personas participaron inicialmente en el concurso y 14 fueron seleccionadas. Los jueces recibieron formación sobre los 44 tipos penales que debían juzgar.
Posteriormente, accedieron a capacitaciones internacionales y becas de maestría otorgadas mediante cooperación de la Embajada de Estados Unidos. Para Serrano, estos antecedentes muestran el nivel de preparación requerido para asumir causas complejas.
Carlos Serrano cuestiona cómo se mide la carga procesal
Carlos Serrano rechazó que la carga procesal de la unidad pueda compararse directamente con la de otras dependencias judiciales.
El exjuez explicó que los casos de delincuencia organizada pueden involucrar entre 10 y 45 procesados. Además, pueden incluir numerosos testigos y audiencias de larga duración.
Por esta razón, señaló que los jueces anticorrupción trabajaban incluso durante fines de semana. Algunas jornadas, según su explicación, se extendían hasta la medianoche o la madrugada.
Serrano sostuvo que medir la productividad únicamente por el número de expedientes no refleja la complejidad de estas causas.
“El Consejo de la Judicatura está comparando peras con manzanas”.
El exmagistrado explicó que los procesos por delincuencia común suelen involucrar menos acusados y testigos. En cambio, las causas relacionadas con organizaciones criminales requieren mayor tiempo y recursos.
La eliminación de la unidad genera dudas sobre los procesos
El exjuez también advirtió sobre las consecuencias que puede generar la eliminación de esta estructura especializada.
Recordó que los jueces y tribunales especializados están contemplados en el Código Orgánico de la Función Judicial. Además, sostuvo que el Consejo de la Judicatura tiene facultades administrativas, pero debe respetar lo establecido en una ley orgánica.
Serrano señaló que algunas causas ya fueron derivadas hacia otras unidades judiciales. También indicó que determinadas audiencias y procedimientos han sido suspendidos.
A su criterio, esta situación podría generar cuestionamientos sobre la competencia de los nuevos juzgadores. Las defensas, explicó, podrían plantear eventuales nulidades dentro de los procesos.
Carlos Serrano advierte sobre la seguridad de los jueces
La seguridad de los magistrados constituye otro de los puntos que preocupan a Carlos Serrano.
El exjuez señaló que la unidad anticorrupción contaba con medidas específicas de protección. También disponía de controles adicionales para el ingreso a sus instalaciones.
Serrano recordó que incluso se había ofrecido un nuevo edificio para reforzar la seguridad de los jueces. Además, mencionó equipos entregados mediante cooperación estadounidense para proteger el segundo piso del Complejo Judicial Norte.
Con el traslado de las causas hacia otras dependencias, cuestionó si esas mismas condiciones de seguridad podrán mantenerse.
El exjuez puso como ejemplo a la Sala Penal de Pichincha. Según explicó, esta dependencia ya había sido catalogada por el Consejo de la Judicatura como crítica debido a su carga procesal.
Ahora, señaló, esa sala recibirá causas que anteriormente estaban bajo responsabilidad de la unidad especializada. Para Serrano, esta situación representa una contradicción que podría afectar la capacidad del sistema.
El exjuez cuestiona la protección para los nuevos magistrados
En materia de seguridad, Carlos Serrano cuestionó la capacidad del Estado para proteger a los jueces que asumirán estas causas.
Recordó que la unidad fue creada con recursos públicos y cooperación internacional. Por ello, expresó preocupación ante la posibilidad de que un número mayor de magistrados deba asumir procesos relacionados con organizaciones criminales.
Serrano planteó que la respuesta al déficit de jueces no debería consistir en debilitar las unidades especializadas. En su lugar, consideró necesario fortalecer la administración de justicia y asignar recursos.
“Y la seguridad, pues de los jueces ni se diga, si no lograron proteger a 19 tampoco van a lograr proteger a 50”.
¿Se justifica eliminar la unidad anticorrupción?
Serrano señaló que la existencia de jueces investigados, sancionados o expulsados de estas unidades no justificaría su desaparición.
A su criterio, la decisión envía un mensaje negativo y debilita estructuras que deberían ser reforzadas. Además, sostuvo que algunos jueces se volvieron incómodos para las autoridades tras denunciar presuntas injerencias externas en la administración de justicia.
El exjuez cuestionó que la emergencia judicial pueda utilizarse como argumento para desmantelar instituciones especializadas.
También criticó que, ante el déficit de jueces, la respuesta del Consejo de la Judicatura sea cerrar una unidad especializada. Según su planteamiento, debería acelerarse la realización de concursos y la cobertura de vacantes.
Finalmente, Carlos Serrano sostuvo que el sistema de justicia necesita mayores recursos para procesar adecuadamente a integrantes de organizaciones criminales capturados por las autoridades.
Afirmó que las detenciones por sí solas no son suficientes. Para el exjuez, se requiere una judicialización efectiva de estos casos.
Por ello, pidió a la presidenta del Consejo de la Judicatura gestionar más recursos ante el Gobierno. También advirtió que aumentar el número de jueces no especializados no equivale a contar con más justicia especializada.
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Escrito por: Alex Valverde
Periodista ecuatoriano con más de 8 años de experiencia en cobertura de actualidad nacional, economía y política en Ecuador. Investigador enfocado en el impacto social de las políticas públicas y análisis coyuntural.
