El nombramiento de Carlos Alarcón como fiscal General subrogante marca un punto crítico para el sistema judicial ecuatoriano. Los casos que podría asumir Carlos Alarcó incluyen investigaciones de alto perfil sobre corrupción y narcopolítica que definieron la gestión de Diana Salazar, su predecesora. Entre ellos destacan Metástasis, Purga, Plaga y otros procesos contra exfuncionarios de Estado.
Tras su designación por el Consejo de la Judicatura, Alarcón debe reemplazar a Wilson Toainga en ausencias temporales o definitivas. Entre los casos potenciales que asumiría está el evaluar nuevas evidencias. Su primera subrogación ocurrió entre el 5 y 10 de octubre de 2025, mientras Toainga asistía a un evento en Brasil sobre inteligencia artificial y delincuencia organizada.
Sin embargo, el nombramiento genera controversias. Por una parte, la Judicatura privilegió su perfil sobre fiscales de mayor rango administrativo. Además, observadores cuestionan su independencia debido a su participación en los casos Nene, Triple A y Seguros Petroecuador, donde investigó a personas vinculadas con el presidente Daniel Noboa.
Casos Metástasis, Purga y Plaga: El Legado Judicial Pendiente
Los casos que podría asumir Carlos Alarcón incluyen tres investigaciones interconectadas sobre corrupción en el sistema judicial. Metástasis reveló cómo el narcotráfico infiltró la justicia, la Policía Nacional y el sistema carcelario a través de Leandro Norero. La justicia sentenció a 20 personas, entre ellas Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, y Wilman Terán, expresidente de la Judicatura.
No obstante, la Fiscalía debe resolver las apelaciones pendientes a esas sentencias. Asimismo, los tribunales deben realizar los juicios contra Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Cristhian Romero, quienes permanecen prófugos de la justicia ecuatoriana. La responsabilidad de estos casos podría recaer en Alarcón.
Por otra parte, el caso Purga procesó a 12 personas por irregularidades en el manejo de la Corte del Guayas durante la administración de Fabiola Gallardo. Los jueces sentenciaron a Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, como cabecilla de esta organización criminal. Mercedes Villarreal, exdirectora de la Judicatura que España detuvo, aguarda extradición para enfrentar juicio.
Finalmente, Plaga investigó a abogados y jueces que favorecieron ilegalmente a bandas narcodelictivas. Quince personas aceptaron su culpabilidad y recibieron sentencias, incluyendo al exjuez Ángel Lindao. El Tribunal de la Corte Nacional delibera desde julio de 2025 la sentencia de los seis restantes.
Casos Sinohydro e Independencia Judicial: Expresidentes en el Banquillo
Otro de los casos que podría asumir Carlos Alarcón involucra al expresidente Lenín Moreno. Según la teoría fiscal, Moreno habría gestionado una coima de Sinohydro por la construcción de Coca Codo Sinclair cuando ejercía como vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa. El 15 de septiembre de 2025, la Fiscalía acusó a Moreno y 23 personas más, y solicitó a la Corte Nacional el llamado a juicio.
Por su parte, el caso Independencia Judicial señala a Wilman Terán como protagonista, quien habría comandado una operación para destituir a Walter Macías, exjuez nacional. Además, habría implementado un plan para facilitar el regreso de Rafael Correa, a quien la justicia sentenció por corrupción. La Fiscalía también procesó a Terán en el caso Pantalla por irregularidades en el concurso de jueces nacionales.
Casos Vocales, Vidrio Libre y Reconstrucción de Manabí
El caso Vocales involucra a dos exvocales de la Judicatura y un juez de la Corte de Pichincha. Los tres habrían influenciado una acción de protección para favorecer a Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea. El juez Walter Macías llamó a juicio a Juan José Morillo, Maribel Barreno y Vladimir Jhayya en septiembre de 2023, aunque el tribunal aún no instala la etapa de juicio.
En cuanto a Vidrio Libre, la Fiscalía investiga una presunta operación ilegal para liberar al exvicepresidente Jorge Glas mediante una acción constitucional fraudulenta. El Ministerio Público procesó a Wilman Terán, la exjueza Anabell Torres y dos exabogados de Glas. A inicios de octubre de 2025, la Fiscalía cerró la instrucción fiscal, y ahora aguarda la convocatoria a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la cual podría ser una de las audiencias que asuma Carlos.
El caso Reconstrucción de Manabí representa la investigación más reciente contra Jorge Glas. Según la Fiscalía, Glas y otras ocho personas abusaron de recursos públicos que el Estado destinó a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de abril de 2016. Los jueces sentenciaron a Glas y Carlos Bernal a 13 años de cárcel, aunque la Fiscalía apeló el fallo y los tribunales lo corrigieron.
Casos Ligados y Celu: Política y Auditoría bajo Escrutinio
El caso Ligados procesó inicialmente a exvocales del Consejo de Participación Ciudadana: Augusto Verduga, Eduardo Franco y Yadira Saltos. Posteriormente, la Fiscalía vinculó a Andrés Arauz, excandidato presidencial del correísmo, y Esther Cuesta, exasambleísta. El 27 de octubre de 2025, la Corte Nacional instalará la audiencia evaluatoria para definir si van a juicio.
Finalmente, el caso Celu apunta a Pablo Celi, excontralor General del Estado, y otros exfuncionarios. En 2018, Contraloría emitió un informe de auditoría que estableció una responsabilidad civil de USD 111,9 millones contra la operadora Claro. Sin embargo, los funcionarios desvanecieron presuntamente esta sanción de manera irregular. El tribunal mantiene pendiente la audiencia de llamado a juicio, la cual podría ser uno de los casos que Carlos Alarcón supervise.
El Desafío de Alarcón: Experiencia versus Cuestionamientos
Con 23 años de experiencia como fiscal especializado en corrupción, Carlos Alarcón enfrenta el reto de validar su independencia. Los casos que podría asumir Carlos Alarcón no solo demandan experiencia técnica sino también credibilidad institucional en un sistema judicial que enfrenta cuestionamientos constantes.
Además, deberá lidiar con la falta de fiscales, considerando que el Ministerio Público opera con un déficit del 40% de agentes. Por tanto, la ciudadanía y los organismos internacionales que monitorean el sistema judicial ecuatoriano observarán su gestión con detenimiento.
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