La Cárcel del Encuentro concentra casi la mitad de las acciones constitucionales presentadas contra el sistema penitenciario ecuatoriano en los últimos siete meses. Los registros judiciales reflejan que se han presentado 148 acciones de hábeas corpus por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. De ese total, 70 corresponden a este centro de máxima seguridad ubicado en la provincia de Santa Elena.
Las demandas incluyen denuncias sobre presuntas amenazas de muerte, tratos crueles, desnutrición, asfixias, electrocutamientos y falta de atención médica. Mientras tanto, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sostienen que sus actuaciones se desarrollan dentro del marco legal vigente.
Cárcel del Encuentro registra denuncias por presuntos abusos
La Cárcel del Encuentro fue inaugurada como parte de la estrategia del Gobierno frente al conflicto armado interno. Allí permanecen personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad, entre ellas cabecillas de grupos de delincuencia organizada y otros procesados de alto perfil.
Uno de los casos expuestos corresponde al interno Edison Campoverde. Durante una audiencia de hábeas corpus, denunció haber sido trasladado a un calabozo húmedo. Según su testimonio, uniformados le cubrieron el rostro y presuntamente lo sometieron a asfixias con agua y golpes durante un interrogatorio.
La defensa aseguró que las lesiones presentadas por el interno no fueron investigadas oportunamente. Además, denunció que personal militar habría impedido el ingreso de los abogados para preparar la estrategia de defensa.
Sin embargo, el juez negó la acción constitucional. La autoridad concluyó que no existió vulneración al derecho a la defensa porque no se presentó previamente una solicitud formal de ingreso al director del centro penitenciario.
Cárcel del Encuentro concentra otros casos judiciales
La Cárcel del Encuentro también aparece en otras acciones de hábeas corpus promovidas por distintos internos.
Entre ellos figura Javier Chango Ayoví, cuya defensa denunció presuntas agresiones físicas durante su traslado. Además, sostuvo que el privado de libertad llevaba seis meses usando la misma ropa y presentaba fuertes dolores estomacales.
No obstante, la institución penitenciaria informó que el interno recibía la medicación correspondiente. Asimismo, explicó que su traslado obedeció a problemas de convivencia dentro de otro centro carcelario. Finalmente, la acción fue negada tanto en primera como en segunda instancia.
Otro expediente corresponde a Rolando Federico Gómez Quinde, alias «Fede», cuya defensa denunció una supuesta falta de atención médica para tratar un proyectil alojado en la pelvis. En este caso, la justicia dispuso que las autoridades competentes presenten informes médicos actualizados.
También consta el caso de Roberto Carlos Álvarez, alias «Gerente». Su defensa informó que padece miasis cutánea y escabiosis severa. Además, aseguró que otro familiar recluido en el mismo centro presenta signos de desnutrición.
Por otra parte, Juan Carlos Chulca, alias «Chavalo», solicitó atención por lesiones cutáneas y escaras. Mientras tanto, Ángel Esteban Aguilar Morales, alias «Lobo Menor», denunció presuntas agresiones físicas y la supuesta privación de agua y luz solar durante los primeros días de reclusión.
Cárcel del Encuentro y las decisiones judiciales
La mayoría de las acciones relacionadas con la Cárcel del Encuentro fueron declaradas improcedentes por los jueces.
Las resoluciones señalan que los accionantes no agotaron previamente los procedimientos administrativos disponibles para solicitar atención médica, medicamentos o implementos de higiene.
Sin embargo, otras cárceles del país también registran procesos judiciales similares. La Penitenciaría del Litoral acumula 30 demandas. En uno de esos casos, un hábeas corpus correctivo fue aceptado para garantizar atención médica y mejorar las condiciones sanitarias del interno afectado.
Además, existen procesos en centros penitenciarios de Esmeraldas, Manabí y Chimborazo, donde también se denuncian presuntas deficiencias médicas, amenazas y posibles tratos crueles.
Cárcel del Encuentro y la respuesta de las autoridades
La Cárcel del Encuentro también motivó respuestas oficiales de las instituciones encargadas de la seguridad.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) no respondió los pedidos de información realizados.
Por su parte, la Policía Nacional informó que revisó los registros disciplinarios relacionados con las denuncias expuestas. Según el informe institucional, no existen investigaciones administrativas abiertas contra servidores policiales por los hechos denunciados.
Asimismo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas afirmó que su presencia en los centros penitenciarios responde a la reforma del artículo 158 de la Constitución y al artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública.
Las Fuerzas Armadas señalaron que cumplen funciones de control perimetral e interno bajo protocolos y normas sobre el uso de la fuerza. Además, precisaron que la seguridad dinámica continúa siendo responsabilidad exclusiva de los guías penitenciarios.
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