La campaña de desprestigio contra Gráficos Nacionales evidencia un plan gubernamental mal estructurado. Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, junto a José Julio Neira, han quedado expuestos tras una entrevista que reveló las inconsistencias de su estrategia contra la empresa editora de EXPRESO.
Declaraciones Comprometedoras en Radio Canela
Durante una entrevista informal con Jorge Yunda en radio Canela, la portavoz gubernamental cometió un error fundamental. En un ambiente relajado, Jaramillo respondió con sinceridad una pregunta aparentemente inocente que terminó por delatar el operativo oficial. Por consiguiente, la funcionaria admitió que el caso «se está investigando», contradiciendo su tono categórico al describir supuestos delitos.
La vocera detalló un esquema donde supuestamente se utilizó a 75 vendedores de periódicos para introducir cinco millones de dólares al sistema financiero. Sin embargo, estos señalamientos carecen de sustento probatorio público. Además, la matemática básica revela inconsistencias: dividir esa cifra entre 75 personas arroja 66.666 dólares por individuo, monto suficiente para adquisiciones mediáticas según precedentes recientes.
Documentos Forjados y Errores Contables Evidentes
El fraude contra Granasa se sustenta en notificaciones del SRI con errores contables grotescos. EXPRESO obtuvo y publicó tres notificaciones sobre diferencias presuntivas en declaraciones de impuesto a la renta de 2023. No obstante, estos documentos no corresponden a Gráficos Nacionales, sino a tres distribuidores mayoristas de periódicos.
El error más flagrante consiste en sumar el debe al haber en lugar de restarlo, una barbaridad contable inexplicable. Por ende, solo existen dos posibilidades: incompetencia extrema o corrupción deliberada por parte de los funcionarios del Servicio de Rentas Internas.
Operación Política desde Carondelet
Esta campaña de desprestigio contra Gráficos Nacionales fue diseñada en la Secretaría de Inteligencia del gobierno. Michele Sensi-Contugi, operador político presidencial, junto a José Julio Neira Hanze, secretario de Integridad, forjaron documentos que no se atreven a mostrar públicamente por su evidente chapucería.
El 8 de septiembre iniciaron la operación distribuyendo material a tres periodistas. Mientras tanto, dos de ellos recularon inmediatamente al percatarse de la manipulación. Únicamente el portal La Posta, adquirido recientemente por el gobierno, continuó difundiendo la información falsa sin escrúpulos.
Coordinación entre Trolls y Funcionarios Oficiales
Posteriormente, Neira Hanze tomó protagonismo con un video donde repitió las acusaciones de los trolls digitales, incluyendo sus incoherencias. El funcionario mencionó «patrones sospechosos» sin comprender que este concepto implica repetición de modelos. Igualmente, Carolina Jaramillo replicó el mismo guion en sus intervenciones públicas.
La estrategia gubernamental invierte causa y efecto: presentan las críticas periodísticas de EXPRESO como reacción a la investigación fiscal, cuando en realidad son las críticas las que motivaron esta persecución. Asimismo, pretenden ocultar que este Diario mantiene una línea editorial crítica desde hace años, no desde hace un mes.
Ausencia de Transparencia y Derecho a la Defensa
El gobierno ha colocado a EXPRESO en indefensión total al negarle acceso a las supuestas pruebas de su presunto delito. Esta práctica viola principios fundamentales del debido proceso. No obstante, el periodismo de investigación consiguió los documentos por vías alternativas, demostrando su naturaleza fraudulenta.
La torpeza del plan resulta evidente en cada detalle. Finalmente, si hasta sus proyectos de ley presentan deficiencias técnicas graves, las operaciones de desprestigio reflejan el mismo nivel de improvisación y mediocridad operativa característica de esta administración.
Implicaciones para la Libertad de Prensa
Esta campaña de desprestigio contra Gráficos Nacionales constituye un ataque directo a la libertad de expresión en Ecuador. La utilización de instituciones estatales para fabricar casos contra medios críticos representa un patrón autoritario preocupante. Por otra parte, el involucramiento de la Secretaría de Inteligencia en operaciones de difamación evidencia el uso político de recursos públicos.
Tanto Sensi-Contugi como Neira Hanze y Jaramillo se han hecho acreedores a denuncias por daño moral debido a sus declaraciones temerarias. De igual manera, la coordinación entre trolls digitales, funcionarios gubernamentales y medios oficialistas revela una estructura sistemática de persecución mediática.
Los hechos demuestran que ningún malabarismo retórico podrá ocultar las torpezas de un plan que ha quedado expuesto hasta niveles de caricatura política.
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