La Ley Orgánica de Transparencia Social, también llamada Ley de Fundaciones, introduce cambios importantes en la normativa minera del país. Con estas reformas, el Gobierno obtiene amplias facultades para declarar la caducidad de concesiones mineras. Esto ha generado debate en el sector y preocupación en las empresas extractivas.
Facultades del Gobierno sobre concesiones mineras
El cambio principal es que se amplían los escenarios en los que el Estado puede disponer la caducidad de concesiones mineras. Entre las nuevas causales se incluyen el daño ambiental, la falta de pago de tasas específicas y el incumplimiento de compromisos de inversión. Antes, la Ley de Minería solo mencionaba motivos limitados, como el no pago de regalías o la ausencia de informes de exploración.
Caducidad de concesiones mineras por daño ambiental
Un aspecto clave es la posibilidad de declarar la caducidad de concesiones mineras cuando el Ministerio de Ambiente y Energía detecte un daño ambiental. Antes de la reforma era necesaria una declaración judicial. Con la nueva ley, la caducidad es automática y de pleno derecho. Esto fortalece la capacidad del Estado para actuar con rapidez en casos de impacto ambiental.
Impacto económico y nuevas tasas
Otro cambio importante es que la caducidad de concesiones mineras puede aplicarse si las empresas no pagan la tasa de fiscalización minera. Esta fue implementada en junio de 2025. Según el Gobierno, la tasa debería generar cerca de USD 230 millones anuales. Sin embargo, hasta septiembre solo se ha recaudado un 10% de la meta. La Agencia de Regulación y Control Minero advirtió que iniciará procesos coactivos y congelará cuentas en caso de incumplimiento.
Inversión y compromisos incumplidos
La ley también establece la caducidad de concesiones mineras cuando las empresas no cumplen con los montos mínimos de inversión comprometidos. Esto afecta sobre todo a la mediana y gran minería, cuyas concesiones se adjudicaron en subastas entre 2016 y 2018.
En conclusión, la nueva normativa refuerza el control estatal. Ahora se aplica con criterios más estrictos en lo ambiental, financiero y de inversión.
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Fuente:
www.primicias.ec
