Bernard García, director de la Declaración de Casablanca, advierte en la Asamblea Nacional sobre los riesgos de la maternidad subrogada

Bernard García expone en la Asamblea Nacional sobre los riesgos de la maternidad subrogada en Ecuador.

Actualizada:

  • El estudio jurídico Dignidad y derecho (D&d), aliado estratégico de la Declaración de Casablanca en Ecuador, gestionó la visita del Dr. Bernard García Larraín para reforzar el llamado a la abolición de la maternidad subrogada.
  • Bernard García advierte en la Asamblea: “la maternidad subrogada es venta de niños y violencia contra la mujer”
  • Comisión de Salud recibe llamado a prohibir la maternidad subrogada: “Ecuador no puede abrir este mercado”.

Quito, 18 de septiembre de 2025.- El Dr. Bernard García Larraín, director ejecutivo de la Declaración de Casablanca, participó el martes 16 de septiembre en el foro “Maternidad subrogada: una mirada desde los derechos humanos en el Ecuador”, organizado por el Estudio Jurídico Dignidad y derecho en el salón Tránsito Amaguaña de la Asamblea Nacional. El evento contempló dos momentos: la ponencia central del Dr. García, moderada por el Abg. Víctor Manuel Valle, vicepresidente de Dignidad y derecho; y la exposición de la Magíster Gabriela Rodríguez, directora del Instituto para el Desarrollo de Cultura y Sociedad de la Universidad Hemisferios, quien presentó el informe de la relatora de la ONU, Reem Alsalem, que recomienda la abolición mundial de la maternidad subrogada.

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Bernard García expone en la Asamblea Nacional sobre los riesgos de la maternidad subrogada en Ecuador.

En su intervención, García advirtió que la maternidad subrogada es “un mercado global que mercantiliza la vida humana, trata a la mujer como un instrumento y convierte al niño en objeto de contrato”. Señaló que esta práctica afecta con mayor fuerza a mujeres en situación de vulnerabilidad y constituye una forma de explotación incompatible con la dignidad humana. “El informe de Naciones Unidas es claro: esto es venta de niños y violencia contra la mujer. Ecuador no puede abrir un mercado que tendría tanto riesgo para sus mujeres y sus niños”, enfatizó.

El miércoles 17, García compareció ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, donde se discute el proyecto de Ley de Reproducción Humana Asistida. Allí reiteró sus advertencias y presentó el reciente informe de la relatora de la ONU, que en 26 páginas y 19 recomendaciones califica la maternidad subrogada como violencia contra la mujer y el niño, e insta a los Estados a prohibirla universalmente. “La regulación nunca podrá evitar el daño psicológico, social y ético que esta práctica genera. La única salida es la abolición, coherente con la Constitución y los compromisos internacionales en derechos humanos”, sostuvo.

Bernard García expone en la Asamblea Nacional sobre los riesgos de la maternidad subrogada en Ecuador.

Durante su intervención, García también apeló directamente a la responsabilidad de los legisladores, recordándoles que su decisión marcará un precedente para el futuro del Ecuador. “Este no es solo un debate técnico ni un asunto privado: es una decisión que impactará en la estructura social y en la protección de los más vulnerables. Si Ecuador opta por abrir la puerta a la maternidad subrogada, quedará expuesto a la explotación de sus mujeres y al tráfico internacional de niños. Pero si elige prohibirla de manera expresa, dará un paso firme hacia el liderazgo regional en la defensa de la dignidad humana y se convertirá en un referente de valentía jurídica y política para toda América Latina”, afirmó.

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En la misma sesión, intervino el Abg. Víctor Manuel Valle, vicepresidente de Dignidad y derecho, quien observó el proyecto de Ley de Reproducción Asistida con especial énfasis en el consentimiento libre e informado. Valle insistió en que es necesario partir de consensos claros y afirmó: “La maternidad subrogada no es un método de reproducción asistida, es venta de niños”. Además, sugirió que el debate legislativo debería priorizar métodos menos invasivos y éticamente responsables.

Bernard García expone en la Asamblea Nacional sobre los riesgos de la maternidad subrogada en Ecuador.

También participó el Dr. Oswaldo Saltos, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, quien desde un enfoque académico alertó sobre los dilemas éticos, médicos y jurídicos que plantea la reproducción asistida y la subrogación en particular, advirtiendo que la propuesta de ley carece de garantías efectivas para proteger la salud de las mujeres y el interés superior del niño. Sus observaciones coincidieron en la necesidad de que Ecuador priorice un marco normativo que no abra la puerta a la explotación reproductiva ni al turismo reproductivo.

La visita de García se ha complementado con actividades académicas en la Universidad Hemisferios y este viernes 19 ofrecerá una conferencia en la Universidad San Francisco de Quito. Además, alternará su agenda con encuentros tanto en la capital como en la ciudad de Guayaquil en el marco de una visita que busca aportar evidencia jurídica, bioética y social al debate nacional.

La Declaración de Casablanca advierte que la maternidad subrogada convierte la vida en un negocio, rompe el vínculo materno-infantil y fomenta la explotación reproductiva, especialmente en contextos de desigualdad económica. En países sin regulación, un contrato puede costar entre USD 20.000 y 50.000, muy por debajo de los más de USD 100.000 en Estados Unidos. Este documento internacional, lanzado el 3 de marzo de 2023 en Marruecos con la adhesión de más de 100 expertos —juristas, médicos y filósofos— y respaldado por más de 20 organizaciones de derechos humanos, exige la abolición total de la maternidad subrogada en todas sus formas, declarando nulos los contratos, sancionando a los intermediarios y promoviendo tratados internacionales para erradicar definitivamente esta práctica.

El trabajo de Dignidad y derecho al organizar estos espacios y convocar a referentes internacionales refleja su compromiso con generar puentes de diálogo informado, promover un debate democrático y aportar evidencia sólida que guíe decisiones legislativas y sociales en favor de la dignidad humana.

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