En medio de la tensión por la declaración de conflicto armado interno contra 22 bandas terroristas, surge la posibilidad de acuerdos y alianzas entre grupos enemigos como respuesta a la militarización. Renato Rivera, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado del Ecuador (OECO), comparte su análisis en una entrevista con PRIMICIAS.
El catedrático destaca la importancia de enfrentar el lavado de activos como una estrategia integral para afectar a estas organizaciones criminales. Además, aborda el papel de la redistribución de presos en las cárceles en la consolidación del poder y el reacomodo de fuerzas.
Rivera explora las complejas dinámicas criminales, la influencia cambiante de bandas como Los Choneros y Los Lobos, y la incertidumbre sobre nuevos liderazgos en ascenso. También cuestiona la cantidad de grupos terroristas declarados, señalando que algunos de ellos parecen tener influencia solo en áreas locales.
Destaca que seis organizaciones representan una amenaza terrorista real, con conexiones internacionales que contribuyen a su rentabilidad y poder en el mercado interno. Además, anticipa la posibilidad de acuerdos temporales entre bandas enemigas como respuesta a la presión estatal.
El experto subraya la importancia de atacar el lavado de activos y sugiere que la militarización debe ir acompañada de una respuesta más integral del sistema de justicia. Enfatiza la necesidad de impactar las economías criminales y de evitar la infiltración y corrupción en las cárceles, que son consideradas el epicentro de la gobernanza criminal.
En cuanto a la posible disminución del conflicto entre bandas, Rivera sugiere que tras una fuerte militarización, estas organizaciones pueden buscar acuerdos entre ellas para mitigar los impactos en sus mercados ilícitos. Además, plantea la posibilidad de que las prioridades de estas bandas cambien hacia objetivos estratégicos y la infiltración en instituciones del estado.
En conclusión, el análisis de Renato Rivera ofrece una visión profunda del conflicto armado interno, destacando la necesidad de abordar no solo la militarización sino también aspectos clave como el lavado de activos y la gobernanza en las cárceles para una solución integral.