La Superintendencia de Bancos de Ecuador anunció este lunes 4 de agosto de 2025 que ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra Banco Pichincha. Esto se debe a los constantes incidentes tecnológicos que han afectado sus canales digitales en las últimas semanas. La medida se ampara en el artículo 263, numeral 1, del Código Orgánico Monetario y Financiero. Dicho artículo clasifica ciertas fallas como infracciones leves, sancionables con multas económicas.
La posible sanción económica para Banco Pichincha podría ascender hasta los USD 194.930. Este valor es equivalente al 0,001 % de sus activos reportados al cierre de diciembre de 2024. Estos activos totalizaron USD 19.493 millones. Este monto representa una advertencia seria a una entidad que sirve a más de seis millones de clientes. Esta cifra la convierte en el banco más grande del sistema financiero ecuatoriano.
Reiteradas fallas digitales generan descontento entre los clientes
Durante los últimos días, decenas de usuarios han reportado problemas para acceder a la banca en línea, realizar transferencias, o visualizar correctamente los saldos de sus cuentas en la aplicación móvil. Estas fallas intermitentes han provocado una oleada de incertidumbre. Esta situación se vio agravada por la falta de información oficial oportuna y la proliferación de rumores en redes sociales.
La situación escaló al punto de que muchos clientes acudieron físicamente a las oficinas y cajeros automáticos del banco para retirar fondos o exigir explicaciones sobre el estado de sus cuentas. Esta reacción masiva generó largas filas en agencias. Además, elevó aún más la tensión y el malestar general.
El banco reconoce intermitencias, pero asegura que los fondos están seguros
A las 15:49 del mismo lunes 4 de agosto, Banco Pichincha emitió un comunicado en el que reconoció nuevas intermitencias en sus canales digitales. Agradeció la paciencia de sus usuarios y negó tajantemente cualquier rumor sobre un posible cierre o colapso de la entidad. “Los fondos de todos nuestros clientes están seguros y protegidos”, afirmó la institución a través de sus redes oficiales.
Esta declaración buscó calmar el pánico generado, especialmente tras la circulación de noticias falsas en plataformas digitales. No obstante, muchos clientes siguen exigiendo respuestas más claras y soluciones definitivas a los problemas que han afectado su confianza en el banco.
Supervisión técnica y plazos del proceso sancionador
La Superintendencia de Bancos ya había activado, desde el 25 de julio, protocolos de supervisión. Asimismo, asignó un equipo técnico especializado para monitorear el comportamiento de la aplicación del Banco Pichincha. Sin embargo, la persistencia de las fallas llevó a la entidad a escalar su respuesta. Lo hizo mediante el inicio de un proceso formal sancionador.
Según la normativa vigente, este trámite puede durar hasta dos meses. Durante este tiempo, el banco tiene el derecho a presentar descargos, impugnaciones y pruebas de descargo. Las sanciones contempladas para infracciones leves van desde una amonestación escrita hasta una multa económica. Esta multa es proporcional a los activos de la institución.
Entre las infracciones consideradas se incluyen:
- Modificaciones de horarios sin autorización.
- Errores en reportes entregados a organismos de control.
- Falta de información clara a los accionistas o al público en general.
Una crisis de confianza en plena era digital
La situación de Banco Pichincha pone en evidencia los riesgos de dependencia tecnológica. Esto ocurre en un sistema financiero que ha apostado fuertemente por la digitalización. Si bien es cierto que los fallos técnicos pueden ocurrir, la reacción institucional y la transparencia en la comunicación resultan claves. Esto es necesario para mantener la confianza de los usuarios.
Este episodio, además de los anteriores incidentes, ha puesto en entredicho la eficiencia del sistema digital del banco. Estos problemas podrían afectar la imagen pública de la entidad. También su relación con los millones de clientes que la eligen como su principal proveedor de servicios financieros.
La apertura de un proceso sancionador contra Banco Pichincha marca un precedente importante en el control del sistema bancario ecuatoriano. Aunque la multa potencial de USD 194.930 no representa un golpe financiero significativo para una entidad de su tamaño, sí simboliza una advertencia directa. La advertencia refiere a la necesidad de garantizar continuidad, calidad y transparencia en sus servicios digitales. La Superintendencia de Bancos se enfrenta al reto de velar por la estabilidad del sistema financiero sin descuidar los derechos de los usuarios. Mientras tanto, el banco deberá trabajar con urgencia en reconstruir la confianza de sus clientes.
Fuente: Ecuavisa
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