El asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Briggite García, reabre el debate sobre la seguridad de las autoridades locales en Ecuador. Homero Castanier, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), expone la preocupación por la seguridad de los líderes locales. Revela que 12 alcaldes y 12 concejales han sido blanco de atentados en todo el país, destacando la necesidad urgente de proteger a quienes están en la primera línea de gestión gubernamental.
Llamado urgente al gobierno
Castanier insta al Gobierno a tomar medidas inmediatas para proteger la integridad de las autoridades seccionales. Subraya que garantizar la seguridad es fundamental para el buen desempeño y la gestión efectiva de las comunidades locales. Sin seguridad, el trabajo de los líderes municipales se ve obstaculizado, lo que afecta negativamente a la prestación de servicios básicos y al desarrollo local.
Reintegración de la AME al Cosepe
La AME solicita ser reincorporada al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) para fortalecer la seguridad de las municipalidades. Argumenta que su presencia es crucial para combatir la delincuencia, como lo fue en 2023 durante el gobierno anterior. Al ser parte de este organismo, las municipalidades pueden colaborar estrechamente con el Gobierno central en la planificación y ejecución de estrategias de seguridad integral.
Rol de los gobiernos locales en la seguridad
Castanier reconoce que aunque la seguridad es responsabilidad del Gobierno central, los gobiernos locales pueden contribuir con estrategias para reducir los riesgos. Destaca la importancia de un enfoque integral que incluya la recuperación del tejido social y la rehabilitación de áreas públicas. Además, enfatiza la necesidad de coordinación entre todos los niveles de gobierno para enfrentar eficazmente las amenazas a la seguridad ciudadana.
Pedido de análisis de riesgo
La AME realiza un tercer llamado al Gobierno para que se realice un análisis de riesgo de los 221 alcaldes del país. Este análisis busca identificar el nivel de vulnerabilidad y tomar medidas preventivas. Hasta ahora, solo 45 alcaldes han solicitado el análisis, pero más de la mitad aún no han sido atendidos. Este retraso en la respuesta gubernamental pone en peligro la seguridad de numerosas autoridades locales y resalta la urgente necesidad de acción por parte del Estado.
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