Grupos sociales exigen auditar contratos tecnológicos de CNT por más de 80 millones de dólares

Ilustración sobre contratos tecnológicos de CNT y fiscalización estatal

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Los contratos tecnológicos de CNT se han convertido en el centro de un creciente cuestionamiento ciudadano. Diversas organizaciones sociales consideran urgente una auditoría integral. El objetivo es esclarecer la legalidad, eficiencia y transparencia de estos procesos.

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Voceros consultados por EXPRESO sostienen que la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado deben actuar de oficio. Según su criterio, la magnitud de los montos adjudicados amerita una fiscalización inmediata.

Millonarias adjudicaciones al sector tecnológico

Una investigación periodística revela que entre 2015 y 2025 el Ministerio de Salud Pública y el IESS adjudicaron más de 80 millones de dólares. Estos recursos se destinaron a servicios como contact center, call center y agendamiento médico.

Del total, aproximadamente 67,2 millones de dólares fueron otorgados de forma reiterada a la CNT. Aunque la empresa estatal figura como contratista principal, frecuentemente subcontrata a compañías privadas.

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Este esquema ha despertado alertas sobre la ejecución real de los contratos tecnológicos de CNT. Además, genera dudas sobre la capacidad operativa de la empresa pública.

Ilustración sobre contratos tecnológicos de CNT y fiscalización estatal

Señalamientos por subcontratación y opacidad

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, advierte que la subcontratación beneficia a terceros privados. Según explica, los contratos permanecen bajo confidencialidad.

Rodas menciona casos como HealthBird Ecuador. A su juicio, la opacidad facilita prácticas irregulares. “Detrás de estos procesos se agazapa la corrupción”, afirmó.

Críticas al gasto público y uso de tecnología externa

Henry Izurieta, de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, cuestiona el uso de recursos públicos. Para él, se sigue gastando dinero que el Estado no posee.

Sostiene que el MSP y el IESS cuentan con especialistas informáticos capacitados. Por tanto, podrían desarrollar su propio software sin costos adicionales.

En la misma línea, Juan Cervantes, presidente del Frente Popular, exige un cambio de política pública. Considera que estas contrataciones no mejoran la atención en salud.

Llamado ciudadano y control institucional

José Villavicencio, del Frente Unitario de Trabajadores, alerta sobre presuntos vínculos con exfuncionarios. Denuncia que empresas proveedoras estarían relacionadas con antiguos empleados del IESS.

Frente a este escenario, los colectivos insisten en una auditoría de los contratos tecnológicos de CNT. También exigen que la Asamblea ejerza control político efectivo.

Acciones anunciadas

Izurieta sostiene que la Contraloría debe intervenir de inmediato. Villavicencio agrega que la Fiscalía no requiere denuncia previa para actuar.

Como medida de presión, el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular realizarán un plantón. La protesta será el miércoles 14 de enero, a las 16:00, en defensa del patrimonio del IESS.

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Fuente:
https://www.expreso.ec/

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