El 28 de agosto de 2025, la Ley de Integridad Pública volvió a ser objeto de análisis en la Corte Constitucional de Ecuador. En esta audiencia telemática se examinaron 26 demandas de inconstitucionalidad contra la normativa impulsada por el presidente Daniel Noboa. Fue aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio de 2025. La audiencia sobre la Ley de Integridad reflejó la complejidad y trascendencia del caso. La sesión, presidida por el juez José Luis Terán Suárez, se reinstaló tras una extensa jornada previa. Esta audiencia sobre la Ley de Integridad Pública resulta crucial.
Argumentos en defensa de la Ley de Integridad Pública
Durante la audiencia sobre la Ley de Integridad, los representantes del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la Procuraduría defendieron la Ley de Integridad Pública. Señalaron que su objetivo es fortalecer la transparencia estatal y combatir la corrupción. El abogado de la Vicepresidencia, Stalin Andino, argumentó que las críticas carecen de fundamento y que la normativa es una herramienta integral. Pretende optimizar la gestión pública. Asimismo, sostuvo que declarar la inconstitucionalidad de la ley sería un retroceso. Hay necesidad urgente de garantizar eficiencia administrativa y enfrentar la crisis de seguridad, según se destacó en esta audiencia.
Críticas y cuestionamientos a la Ley de Integridad Pública
Los demandantes, entre ellos la Unión Nacional de Educadores, el Frente Unitario de Trabajadores y la Asociación de Magistrados y Jueces, denunciaron que la Ley de Integridad Pública vulnera derechos fundamentales. Según sus alegatos, la normativa permite despidos sin debido proceso y evaluaciones arbitrarias, problemáticas discutidas en la audiencia sobre dicha ley. También afecta la independencia judicial. Además, objetaron la inclusión de reformas penales para menores y la conversión de cooperativas en bancos. Consideraron estas medidas como un “contrabando legislativo”. Estos argumentos fueron presentados durante la audiencia sobre la Ley de Integridad.
Intervención económica y análisis fiscal
Andrea Sánchez, viceministra de Economía y Finanzas, defendió los aspectos económicos de la Ley de Integridad Pública. Destacó que generaría un ahorro de 22,74 millones de dólares en 2026 mediante la supresión de puestos. Sin embargo, los jueces cuestionaron la falta de claridad en los cálculos y pidieron mayor precisión sobre el número de funcionarios afectados. Esta intervención ocurrió durante la audiencia sobre la Ley de Integridad. Pese a ello, Sánchez sostuvo que estas medidas buscan eficiencia sin vulnerar la Constitución y fueron críticas en la audiencia sobre la Ley de Integridad.
Participación de amicus curiae y continuidad del proceso
Más de 50 amicus curiae participaron aportando criterios técnicos sobre la Ley de Integridad Pública, aunque la mayoría cuestionó su validez. La audiencia fue suspendida sin resolución definitiva, y se espera un fallo que requerirá el respaldo de cinco jueces. Este proceso se ha convertido en un escenario decisivo que podría redefinir el marco legal del sector público ecuatoriano. Este aplazamiento en la audiencia sobre la ley deja incertidumbre.
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Fuente:
lodijeron.wordpress.com
