La Ley de Inteligencia enfrenta cuestionamientos en la Corte Constitucional. Este 1 de septiembre de 2025, los jueces iniciaron la audiencia pública para analizar las demandas de inconstitucionalidad presentadas por sindicatos y organizaciones de derechos humanos.
Se trata de la tercera norma aprobada por el oficialismo que recibe acciones legales de este tipo. En esta ocasión, los reclamos se centran en la falta de transparencia, control y claridad de la normativa, además del riesgo de vulnerar derechos fundamentales.
Interceptaciones sin orden judicial
La Ley de Inteligencia autoriza la interceptación de comunicaciones sin autorización de un juez. Según los demandantes, esta disposición representa un grave peligro para las libertades ciudadanas.
A lo anterior se suma la opacidad en el manejo financiero del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sus informes y documentos sobre gastos reservados, de acuerdo con la norma, serán incinerados, lo que elimina cualquier posibilidad de control público.
Aunque la ley prohíbe la recopilación de información basada en etnia, religión, orientación sexual o afinidad política, la sociedad civil alerta que el texto abre la puerta a prácticas de persecución y vigilancia masiva.
Una audiencia con múltiples voces
La sesión telemática comenzó pasadas las 10:20 con la ponencia de la jueza Alejandra Cárdenas. En la audiencia participaron los abogados del Ejecutivo y de la Asamblea, así como los demandantes y representantes ciudadanos que presentaron amicus curiae.
Las organizaciones denunciaron que la norma y su reglamento violan estándares internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad. También señalaron que la definición de “seguridad integral del Estado” resulta ambigua, lo que genera incertidumbre jurídica y deja espacio a interpretaciones arbitrarias.
Críticas de las organizaciones de derechos humanos
Las abogadas de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) enfatizaron que el régimen de reserva total contradice los principios de transparencia y rendición de cuentas. Además, cuestionaron que se permita la incineración de registros financieros y que se excluya al sistema de inteligencia del régimen de contratación pública sin establecer un procedimiento alternativo.
Otro aspecto polémico es que la rendición de cuentas se limita a un informe anual ante una sola comisión legislativa, en lugar de hacerlo semestralmente y de forma más amplia.
Riesgos para la privacidad y la democracia
Las intervenciones subrayaron que la normativa vulnera derechos como la privacidad y la inviolabilidad de la correspondencia. Al no exigir control judicial, las disposiciones podrían facilitar la persecución de dirigentes sociales y políticos, así como la vigilancia masiva e indiscriminada.
Las representantes de los sindicatos añadieron que la ley impide la fiscalización de la Asamblea Nacional y otorga impunidad a los funcionarios del sistema de inteligencia. En sus palabras, se trata de un régimen que combina secretismo con ausencia de controles efectivos.
Falta de recursos para la ciudadanía
La abogada de la Alianza de Derechos Humanos advirtió que la ciudadanía carece de mecanismos judiciales adecuados para defenderse ante posibles intromisiones. Según señaló, no existe forma de controlar, investigar o sancionar las acciones ilegales que pueda cometer el sistema de inteligencia.
El equipo demandante insistió en que toda ley de este tipo debe establecer parámetros claros, como las medidas autorizadas para obtener información, los objetivos legítimos, el nivel de sospecha que justifica la intervención, los plazos de aplicación y los mecanismos de supervisión. Nada de eso, remarcaron, está contemplado en la actual normativa.
Fuente: Primicias
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