La audiencia Abdalá Bucaram volvió a fallar este 26 de agosto de 2026 por la condición médica del expresidente. La defensa informó que permanece en UCI.
El Tribunal debía comunicar la resolución oral del caso Pruebas Covid-Bucaram. Sin embargo, la diligencia no pudo reinstalarse por cuarta ocasión.
La Fiscalía informó que la defensa solicitó diferir la audiencia. El pedido se fundamentó en la hospitalización del exmandatario.
¿Por qué no se realizó la audiencia contra Abdalá Bucaram?
El Tribunal rechazó inicialmente el pedido de diferimiento. Luego, dispuso que la Policía verificara el estado de salud de Bucaram.
Un agente contactó al jefe de guardia del centro médico donde permanece internado. El médico confirmó que el expresidente estaba en el área de cuidados intensivos.
Además, explicó que los agentes no podían ingresar a esa zona para realizar la verificación.
Ante esa situación, el Tribunal declaró fallida la diligencia. También señaló una nueva fecha para intentar comunicar la resolución.
La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de agosto de 2026, a las 17:00.
La Fiscalía registra esta nueva suspensión dentro de la cronología oficial del proceso.
¿Qué ocurrió con la salud de Bucaram?
La defensa informó que el expresidente permanece internado en una unidad de cuidados intensivos.
Su esposa también difundió información sobre su estado de salud mediante redes sociales. Según esa versión, Bucaram habría recibido una intervención cardíaca de emergencia.
Ese dato corresponde a una declaración de su entorno familiar. No existe en la información oficial consultada un parte médico público que detalle su diagnóstico.
¿De qué trata el caso Pruebas Covid-Bucaram?
El proceso investiga una presunta estructura de delincuencia organizada relacionada con la comercialización de pruebas para detectar Covid-19.
La Fiscalía sostiene que la investigación involucra la negociación irregular de 21.000 pruebas durante la pandemia. También señala la participación de cuatro procesados en la causa actual.
Entre los procesados están Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram. Además, constan otras dos personas dentro del proceso.
El caso tiene antecedentes desde 2021. Ese año, una jueza declaró la nulidad de actuaciones. Fiscalía apeló esa decisión y obtuvo posteriormente un pronunciamiento favorable.
Después, el proceso continuó hasta llegar a la etapa de juicio. Fiscalía reportó que la audiencia acumuló varias jornadas entre 2025 y 2026.
El 14 de mayo de 2026, la Fiscalía presentó su alegato de cierre. También solicitó sentencia para los cuatro procesados.
¿Por qué preocupa la demora de la sentencia?
La demora ya generó una actuación administrativa dentro del Consejo de la Judicatura.
El organismo abrió de oficio un sumario disciplinario contra el juez ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en Iñaquito.
La medida se relaciona con una posible prolongación de la fase final del proceso. La Judicatura señaló varias convocatorias realizadas durante 2026.
El informe citado por la Judicatura registra convocatorias para el 2 de julio, 3, 7 y 26 de agosto. Hasta la fecha de ese pronunciamiento, el Tribunal todavía no había comunicado su resolución.
El sumario no significa que exista una sanción contra el juez. El procedimiento deberá determinar si ocurrió una infracción disciplinaria.
Además, la Judicatura indicó que garantizará el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otra audiencia de Bucaram también se suspendió
La situación judicial del expresidente tuvo otro episodio reciente en Guayaquil.
Una diligencia relacionada con un proceso por presunto tráfico de armas también se suspendió. En ese caso, un corte de energía eléctrica afectó al complejo judicial Albán Borja.
Por lo tanto, ambas suspensiones corresponden a causas diferentes. La audiencia del caso Pruebas Covid se relaciona con la causa por presunta delincuencia organizada.
La nueva fecha del 31 de agosto permitirá conocer si el Tribunal finalmente comunica su decisión.
La resolución pendiente determinará el siguiente paso judicial para Bucaram, su hijo Jacobo y los otros procesados.
Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, todos mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
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