Colombia vivió uno de sus días más violentos del 2025 este lunes 10 de junio. Una serie de 19 atentados armados y explosivos azotaron varios municipios del suroeste del país. Las acciones violentas, perpetradas con coches bomba, drones cargados con explosivos y otros artefactos, dejaron un saldo de cuatro personas muertas. Entre ellas, dos policías y dos civiles. Además, hubo 36 heridos, de acuerdo con datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Salud.
Ciudades afectadas por la ola de violencia
Los ataques se concentraron principalmente en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, afectando localidades como Cali, Jamundí, Corinto y Buenaventura.
En Cali, la tercera ciudad más grande del país, se reportó una explosión dirigida contra una instalación policial, donde un uniformado perdió la vida. En otras localidades, las detonaciones ocurrieron cerca de edificios públicos, patrullajes y estaciones de policía, generando un clima de miedo e incertidumbre entre los habitantes.
La coordinación y simultaneidad de los ataques reflejan una escalada significativa en las capacidades operativas de los grupos armados responsables. Esto pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en varios sectores del país.
Disidencias de las FARC, principales sospechosos
Según informaron las autoridades locales, los atentados habrían sido perpetrados por disidencias armadas de las extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Estos grupos mantienen un conflicto activo con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Estas facciones han rechazado los acuerdos de paz firmados en 2016. Además, continúan operando como estructuras criminales en varias zonas del país. Se dedican al narcotráfico, extorsión y acciones de desestabilización.
La intensidad de los ataques ha sido interpretada como una respuesta violenta al fortalecimiento de operativos militares y policiales en la región. También funcionan como una advertencia frente a los avances de los procesos de paz que aún intentan abrirse paso en medio de la desconfianza.
Contexto de creciente inseguridad
La jornada violenta del lunes se suma a otros recientes episodios alarmantes que revelan el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia. El pasado sábado, en un hecho que conmocionó al país, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá. El político fue baleado en tres ocasiones, una de ellas entre el cuello y la cabeza. Actualmente se encuentra en estado crítico pero estable en una clínica de la capital.
Este intento de asesinato contra una figura pública de oposición, sumado a los ataques masivos en el suroeste, refuerza la percepción de una crisis de seguridad nacional. Este escenario desafía a las instituciones estatales y pone en entredicho la capacidad del gobierno para contener la violencia estructural.
Reacciones oficiales y medidas de emergencia
Ante los hechos, el gobierno colombiano activó planes de contingencia y refuerzo de seguridad en los territorios afectados. Fuerzas militares y policiales han sido desplegadas para contener posibles nuevos ataques y capturar a los responsables. El presidente Gustavo Petro condenó los atentados y ratificó su voluntad de continuar con el diálogo de paz. Sin embargo, la viabilidad de estas negociaciones se ve cada vez más amenazada por la escalada armada.
También se han activado equipos de atención médica y psicológica para atender a los heridos y a las familias de las víctimas. En redes sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos expresaron su dolor e indignación. Exigieron al Estado acciones concretas y eficaces para frenar la violencia.
Colombia ante un nuevo reto: paz o confrontación
La ola de atentados refleja la complejidad del conflicto armado colombiano, que pese a los avances logrados con el proceso de paz de 2016, aún deja cicatrices abiertas. La fragmentación de los grupos insurgentes y su transformación en organizaciones criminales ha dificultado la consolidación de la paz en varias regiones. Especialmente, en aquellas donde el Estado tiene menor presencia institucional.
Frente a este escenario, el país se encuentra en una encrucijada histórica. La opción es lograr una paz duradera mediante mecanismos de diálogo y fortalecimiento estatal, o arriesgarse a que la violencia regrese a niveles comparables a los peores años del conflicto armado interno.
Fuente: El Telégrafo
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