El caso del asesinato del gerente financiero de la UDLA avanza con pasos firmes dentro del sistema procesal ecuatoriano. Actualmente, la investigación se encuentra en fase de instrucción fiscal, donde se recopilan todos los elementos necesarios para definir la situación legal de los involucrados. Tres de los detenidos cumplen prisión preventiva por orden judicial, mientras que otras dos personas y un menor de edad permanecen con medidas distintas o en proceso especializado. En total, son cinco adultos y un menor los presuntos implicados en el crimen que conmocionó a la comunidad académica del país.
Hechos que dieron inicio a la investigación
El 11 de junio de 2026, alrededor de las 18:40 horas, en la avenida Oswaldo Guayasamín, en el nororiente de Quito, varios disparos acabaron con la vida de Santiago Ávalos, gerente financiero de la Universidad de Las Américas (UDLA). Según consta en el acta de levantamiento del cuerpo, la víctima circulaba a bordo de un vehículo tipo SUV cuando perdió el control y colisionó contra una pared del sector. Minutos después, fue atacado de forma directa.
El informe forense detalla que Ávalos recibió tres heridas de arma de fuego a corta distancia: una en la región temporal izquierda del cráneo, otra en la cara lateral del cuello y una tercera en el lado izquierdo del mismo sector. La causa de muerte registrada es laceración cerebral, fractura craneal y traumatismo craneoencefálico, derivado de los proyectiles recibidos. Por las características del hecho, las autoridades lo clasificaron como un asesinato al estilo sicariato.
Detenciones y situación procesal de los implicados
Casi un mes después del suceso, las fuerzas del orden lograron la captura de cinco presuntos involucrados, quienes en su mayoría tenían vínculo laboral con la misma universidad. A su vez, un menor de edad fue aislado del resto del proceso, siendo señalado por la Fiscalía como el presunto gatillero del ataque.
El 9 de julio de 2026, fue detenido Galo O., identificado por la entidad investigadora como el presunto autor intelectual del crimen. Tras la audiencia de formulación de cargos, él y otras dos personas —María del Carmen S. y Josselyn V.— recibieron la medida cautelar de prisión preventiva. Actualmente, Galo O. se encuentra recluido en la cárcel de Latacunga, y será trasladado a Quito para rendir su versión oficial.
Por su parte, Juan Pablo G. y Juan Carlos G. cuentan con prohibición de salida del país y obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, conforme lo dispuso el juez de la causa.
Declaración clave y plazo de investigación
El abogado Paúl Farinango, defensor de Galo O., confirmó a los medios que su defendido acudirá a la diligencia programada para el jueves 30 de julio de 2026, en las instalaciones de la Fiscalía de Quito. Allí expondrá su versión sobre los hechos que derivaron en la muerte del gerente financiero de la UDLA.
El 17 de julio del presente año, se activó formalmente la instrucción fiscal con un plazo de 90 días hábiles. Este periodo vencerá a mediados de octubre de 2026, tiempo en el que se practicarán todas las pruebas necesarias: desde análisis periciales hasta entrevistas a testigos. Al finalizar este lapso, se realizará una audiencia preparatoria de juicio, donde se revisará el cumplimiento de requisitos legales, la existencia de vicios procesales y la validez de los elementos reunidos para continuar con la etapa de juzgamiento.
Indicios y elementos de investigación
Entre los antecedentes que maneja la Fiscalía, se señala que el móvil del crimen podría estar relacionado con una auditoría que Santiago Ávalos llevaba a cabo sobre los procesos de adquisiciones de la institución educativa.
Hasta el momento, las autoridades han incautado computadores, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital, todos bajo estricta cadena de custodia para evitar alteraciones en su contenido.
La Universidad de Las Américas emitió un comunicado oficial en el que agradece el trabajo de la Policía Nacional, la Fiscalía, la Dinased y demás organismos que intervinieron en el caso. La institución se reconoce como víctima indirecta del hecho y reafirma su compromiso de colaborar con todo lo que sea necesario para el esclarecimiento total de la verdad.
Fuente: La Hora
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