- Un grupo plural de asambleístas exige sanciones disciplinarias contra el legislador Sergio Peña por violentar la Ley de la Función Legislativa.
- La queja surge tras declaraciones públicas del funcionario consideradas lesivas para la dignidad de la periodista Alondra Santiago.
- El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificar la admisibilidad de la causa y determinar posibles suspensiones.
El recinto legislativo de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador vuelve a ser escenario de un intenso debate ético y disciplinario. Un colectivo multipartidista integrado mayoritariamente por legisladoras de diversas bancadas políticas formalizó una denuncia administrativa ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en contra del asambleísta Sergio Peña. La acción legal responde a comentarios catalogados de misóginos y denigrantes proferidos por el legislador en contra de la comunicadora y activista Alondra Santiago.
Las denunciantes fundamentan su reclamo en los preceptos constitucionales que tutelan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia mediática, simbólica y política, exigiendo la apertura inmediata de un sumario de fiscalización ética.
Fundamentos jurídicos de la denuncia ante el CAL
De acuerdo con el documento ingresado a la Secretaría General del Parlamento, las expresiones de Peña contravienen de forma flagrante el Código de Ética de la Función Legislativa y la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Las proponentes subrayan que el fuero parlamentario no constituye una patente de corso para atentar contra la honra de periodistas ni utilizar un lenguaje lesivo amparado en la investidura legislativa.
La solicitud exige que el CAL califique el expediente como una falta muy grave y proceda con la suspensión temporal del asambleísta por un lapso de hasta noventa días sin derecho a remuneración, sentando un precedente contra la intolerancia en el debate público.
Reacciones del gremio periodístico y activismo social
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, comités de mujeres y gremios periodísticos nacionales han cerrado filas en respaldo a la comunicadora afectada, advirtiendo que la estigmatización desde las esferas del poder promueve agresiones en redes sociales y atenta contra el ejercicio libre de la opinión crítica. La causa ha despertado un amplio debate ciudadano en la capital, donde la ciudadanía demanda responsabilidad a los actores públicos en sus roles cotidianos.
Por su parte, el asambleísta Sergio Peña ha defendido su postura en declaraciones posteriores, alegando que sus palabras fueron descontextualizadas y amparándose en su derecho a la libre expresión dentro del debate de coyuntura nacional.
El CAL deberá sesionar en los próximos días para analizar si la queja cumple con los requisitos de forma y fondo para ser derivada al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, órgano encargado de sustanciar las pruebas y emitir un dictamen final ante el Pleno.
La denuncia contra Sergio Peña marca un punto de inflexión sobre los límites de la conducta parlamentaria. La deliberación democrática exige erradicar la violencia de género del discurso público, garantizando que el Poder Legislativo sea un reflejo de respeto, equidad y dignidad para toda la sociedad ecuatoriana.
Fuente original: Radio Pichincha / Denuncia a Sergio Peña
