La Asamblea Nacional comenzó una investigación sobre los patrimonios de los alcaldes y prefectos del país, como parte de una disposición aprobada por el Pleno del Legislativo. El proceso estará a cargo de la Comisión de Gobiernos Autónomos y tendrá una duración de 90 días, con el objetivo de determinar si existen incrementos patrimoniales injustificados o sospechosos en las autoridades seccionales.
La decisión ha generado reacciones divididas. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de un proceso de fiscalización transparente y responsable, sectores de la oposición consideran que la medida podría tener un impacto político a pocos meses del inicio del proceso para las elecciones seccionales de 2026.
Asamblea Nacional recopilará información de varias instituciones
Como parte de la primera fase de la investigación, la Asamblea Nacional solicitará información al Ministerio del Trabajo, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
El propósito es recopilar datos sobre las autoridades locales, contrastar la información disponible y analizar si existen posibles inconsistencias o irregularidades patrimoniales.
La presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Lucía Pozo, explicó que el trabajo comenzará con la recopilación y el análisis integral de la documentación enviada por las distintas entidades del Estado.
«Se va a solicitar al Ministerio del Trabajo, al SRI y a la UAFE información integral de todas las autoridades, a fin de analizarla y concatenarla. En caso de identificar irregularidades vendrá la otra fase, que será la construcción de un informe», señaló.
Si durante este proceso se detectan posibles anomalías, la comisión avanzará hacia una segunda etapa centrada en la elaboración de un informe con los hallazgos obtenidos.
La oposición cuestiona el momento de la investigación
El inicio de la investigación impulsada por la Asamblea Nacional provocó críticas por parte de las bancadas de oposición, que consideran que el proceso coincide con un momento políticamente sensible.
La coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Patricia Núñez, sostuvo que la fiscalización podría utilizarse para afectar a determinadas autoridades antes de las elecciones seccionales de 2026.
«Tienen candidatos que de pronto les estorban y en ese momento buscan, de cualquier manera, no hacer una lid electoral que sea equitativa», manifestó.
Desde ese sector también recuerdan que esta investigación se suma al informe aprobado por la Legislatura sobre la compra de trolebuses en Quito y a la fiscalización que actualmente se desarrolla sobre Segura EP, en Guayaquil.
Pachakutik recuerda los límites de la Asamblea Nacional
Las observaciones también llegaron desde Pachakutik. La asambleísta Mariana Yumbay señaló que la Asamblea Nacional no tiene competencias para censurar o destituir a alcaldes y prefectos.
Según explicó, la comisión únicamente podrá elaborar un informe técnico y remitirlo a las instituciones competentes para que, en caso de ser necesario, continúen con las investigaciones correspondientes.
«No vamos a poder censurar ni destituir a alcaldes y prefectos. Nos queda levantar los informes y enviarlos a la Contraloría, Fiscalía u otras entidades», indicó.
De esta manera, cualquier eventual acción posterior dependerá de organismos como la Contraloría General del Estado, la Fiscalía u otras entidades facultadas para investigar posibles responsabilidades.
El oficialismo defiende el proceso de fiscalización
Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones sobre un supuesto uso político de la investigación impulsada por la Asamblea Nacional.
Lucía Pozo aseguró que el trabajo de la comisión se desarrollará con responsabilidad y transparencia, descartando que el objetivo sea perjudicar la imagen de alcaldes o prefectos.
La Comisión de Gobiernos Autónomos contará con un plazo de 90 días para concluir la investigación y elaborar el informe correspondiente.
Una vez finalizado, el documento será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para su conocimiento y eventual aprobación, dentro de un calendario que coincidiría con las semanas previas al inicio del proceso electoral seccional de 2026.
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