El Pleno de la Asamblea Nacional analizó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Repetición. La iniciativa busca establecer reglas claras para definir la responsabilidad económica de funcionarios públicos cuyas acciones u omisiones provocaron condenas contra el Estado.
El objetivo central de la propuesta es permitir que el Estado recupere los recursos pagados por indemnizaciones. Con ello se pretende evitar que estas cargas sigan afectando al presupuesto público.
Alcance de la Ley Orgánica de Repetición
El proyecto se aplicará a servidores y exservidores públicos de todas las funciones del Estado. También incluye a autoridades de todos los niveles de gobierno y a quienes hayan ejercido potestad pública.
Además, la norma alcanzará a delegatarios y concesionarios cuando sus decisiones generen perjuicios económicos al país. La ley busca cerrar vacíos legales y unificar criterios para exigir responsabilidades.
Impacto de las condenas internacionales
Durante la presentación del informe, el asambleísta Keevin Gallardo señaló que Ecuador mantiene cerca de 40 procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las medidas de reparación superan los 100 millones de dólares.
A estos casos se suman laudos arbitrales internacionales que han significado pagos millonarios. Según Gallardo, el proyecto busca recuperar esos recursos para las arcas públicas.
El legislador recordó que la Corte Constitucional reconoce la obligación del Estado de ejercer la acción de repetición contra los responsables de estos daños.

Unificación de propuestas legislativas
En el trámite legislativo existen actualmente dos iniciativas sobre la misma materia: una presentada por la Procuraduría General del Estado y otra impulsada por la asambleísta Camila León. Ambas deberán ser unificadas para construir un marco normativo coherente, sustentado en el derecho constitucional, administrativo y en los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El propósito, según los proponentes, es fortalecer la seguridad jurídica, prevenir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana en la gestión pública.
Procedimientos y mecanismos de ejecución
La asambleísta Camila León explicó que su propuesta fue concebida como una herramienta de justicia económica. La Asamblea Nacional tiene un papel crucial en la revisión de esta propuesta. El texto plantea procedimientos claros en dos fases, una administrativa y otra judicial, además de introducir el llamamiento anticipado con fines de repetición.
El proyecto también contempla mecanismos de ejecución exprés, medidas cautelares para evitar el ocultamiento de bienes y sanciones para los funcionarios que omitan iniciar acciones de repetición cuando corresponda. La eficacia de estos mecanismos dependerá del apoyo de la Asamblea Nacional.
Observaciones y críticas al proyecto
Durante el debate, varios legisladores coincidieron en la urgencia de contar con una ley eficaz. Sergio Peña destacó la necesidad de regular con precisión la responsabilidad de quienes suscriben contratos internacionales con cláusulas arbitrales perjudiciales para el Estado.
Luigi García recordó que desde 2015 el país ha pagado aproximadamente 2.800 millones de dólares en indemnizaciones, lo que evidencia la dispersión normativa y la falta de mecanismos efectivos de recuperación.
No obstante, el asambleísta Humberto Alvarado alertó que algunos plazos y disposiciones podrían generar escenarios de impunidad si no se ajustan. Alejandro Vanegas, por su parte, insistió en la importancia de armonizar la nueva ley con el ordenamiento jurídico vigente para evitar inseguridad jurídica entre los servidores públicos.
Retorno a comisión para segundo debate
Tras una moción de archivo que no alcanzó los votos necesarios, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, instancia que deberá elaborar el informe para segundo debate y recoger las observaciones planteadas en el Pleno.
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